Hoy hemos sido testigos de una muestra más de cómo las autoridades educativas pueden complicar la vida de los estudiantes y sus familias. A media mañana se publicaba el listado de admitidos y excluidos en la Formación Profesional (FP), sin asegurarse de que todos los afectados sean debidamente notificados. Como resultado, muchos estudiantes pueden no enterarse a tiempo para presentar sus reclamaciones. Y, por si fuera poco, el plazo de reclamación es irrisoriamente breve: hoy y mañana. Sí, has leído bien: los afectados tienen apenas unas horas para revisar detalladamente la lista y presentar sus reclamaciones.

Este plazo insuficiente no solo es injusto, sino que revela una preocupante falta de consideración hacia quienes dependen de este proceso para su futuro educativo.

Pero la ineficiencia no termina ahí. La guinda del pastel es la exigencia de que la matriculación, programada del 22 al 29 de julio, se realice de manera presencial. En pleno siglo XXI, cuando la digitalización ha revolucionado todos los aspectos de nuestra vida diaria, desde la banca hasta la salud, resulta irónico y frustrante que las autoridades educativas insistan en procedimientos arcaicos. En lugar de aprovechar las ventajas de la tecnología para facilitar estos trámites, se obliga a los estudiantes y sus familias a desplazarse, interrumpiendo sus vacaciones.

Promovemos las nuevas tecnologías y la digitalización en discursos y campañas, pero cuando llega el momento de aplicar estos avances en la práctica, parece que volvemos a la era del papel y la fila interminable. ¿Es esta la educación del futuro que nos prometen? ¿Una en la que los estudiantes deben desplazarse físicamente para realizar trámites que podrían resolverse con unos clics?

Es esencial que se ofrezca una opción dual: permitir tanto la matriculación presencial para aquellos que lo prefieran o necesiten, como la digital para quienes buscan comodidad y eficiencia. Esta flexibilidad no solo haría justicia a las diferentes necesidades y circunstancias de las familias, sino que también demostraría un verdadero compromiso con la modernización y la accesibilidad en la educación.

Además, las autoridades deben garantizar que la publicación de los listados se realice de manera efectiva, asegurando que todos los estudiantes afectados reciban la notificación a tiempo para poder actuar en consecuencia. La tecnología no solo está disponible, sino que es fundamental para garantizar una gestión administrativa eficiente y equitativa. La digitalización de los procesos de admisión y matriculación, complementada con la opción presencial, aseguraría que todos los estudiantes tengan igual acceso a las oportunidades educativas sin trabas innecesarias.

El actual proceso de admisión y matriculación en la FP es un claro ejemplo de cómo las políticas educativas pueden fallar en adaptarse a las necesidades y realidades actuales. Es urgente una revisión profunda y la implementación de tecnologías adecuadas para evitar que situaciones como esta sigan perjudicando a los estudiantes y a sus familias.