A través del presente escrito, queremos invitarle a que reconsidere la decisión de su Gobierno de recurrir la sentencia favorable obtenida por los trabajadores amparados por el “Convenio de Inmigración”, en relación con la naturaleza de su vinculación laboral con la Ciudad. Le solicitamos que desista de la apelación presentada en el último momento, sin convicción alguna en la procedencia de tal iniciativa, y adoptada incluso en contra de los criterios técnicos sostenidos por los jurídicos de la Ciudad. Dicho de otro modo, la única razón para no acatar la sentencia de manera inmediata, es “ganar tiempo”. Bien por razones económicas (diferir en algunos años el coste de la sentencia), o bien a modo de “castigo” contra los afectados por haber tenido la osadía de recurrir a la justicia para exigir sus derechos (una especie de despecho institucional muy frecuente). Sea cual fuere el motivo, lo cierto es que se trata de una decisión profundamente injusta que, además, perjudica de manera innecesaria a todas las partes.

En este sentido es necesario recordarle que la condición de “trabajadores indefinidos no fijos” de este colectivo es una situación perfectamente conocida y asumida por todos, incluido por supuesto el Gobierno de la Ciudad. Todos somos conscientes de que estos trabajadores llevan más de una década desarrollando tareas en el área de Servicios Sociales que nada tienen que ver con la inmigración. Tan es así que este Convenio, durante ya muchos años, dejó de ser tal y se convirtió de hecho en una “coartada” para poder renovar anualmente los contratos amparados por un texto completamente vacío de contenido (y sin aportación económica alguna por parte del Ministerio que lo suscribía). La sentencia ahora recurrida no ha hecho en realidad más que convertir en una “verdad jurídica” lo que era de general conocimiento y aceptación por parte de todos. ¿Qué sentido puede tener prolongar esta agonía?

Es usted consciente del daño que está infligiendo a un colectivo que durante mucho tiempo ha venido (y sigue) prestando sus servicios con profesionalidad y abnegación, a pesar de hacerlo en unas condiciones de tremenda precariedad e inseguridad.

Todos los Consejeros de Servicios Sociales de la última década han declarado, de un modo u otro, que la supresión del “Convenio de Inmigración” conllevaría automáticamente el cierre de los Servicios Sociales. Por cierto, echamos de menos el apoyo de la actual Consejera y Directora General del área, ya que en las actuales circunstancias no convence a nadie la palmadita en la espalda de “no os preocupéis, seguiréis como convenio”, pero eso sí, trabajando estructuralmente.

No hace falta añadir más argumentos. Hasta ahora, todos sus Gobiernos han mostrado “interés” en resolver de manera definitiva lo que sin duda es una anomalía, intolerable cuando se extiende durante un periodo tan largo. El inconveniente esgrimido hasta ahora eran los obstáculos jurídicos para proceder a una más que justa regularización de este personal. Pero resulta que ahora, que no sólo no existen obstáculos, sino que lo que existe es una sentencia en este sentido; incurren en una inexplicable contradicción intentando evitar (o demorar) su cumplimiento.

Señor Presidente, consideramos que no existe ninguna razón noble que justifique esta decisión. Estos trabajadores no merecen un nuevo desprecio. Es hora de terminar con el tiempo de zozobra e incertidumbre que durante tantos años han padecido. La única decisión razonable, justa y beneficiosa para la administración es el cumplimiento inmediato de la sentencia. Y en referencia al título de la presente carta, no juegue más con los servicios sociales.