La sede de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha sido el escenario de la reunión de este lunes (27) entre las direcciones de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), y la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME). Una mesa de trabajo encaminada a perfilar nuevas líneas de colaboración entre las tres organizaciones, referentes del tejido productivo en sus territorios.

Así, crecer en iniciativas para el fomento de la actividad empresarial en Andalucía, Ceuta y Melilla, y ahondar en la colaboración público-privada en materia turística, así como en el desarrollo de eventos que favorezcan la divulgación de las iniciativas empresariales han sido los ejes del encuentro, encabezado por los presidentes Javier González de Lara (CEA); Arantxa Campos Gorriño (CECE), y Enrique Alcoba Ruiz (CEME). El presidente andaluz también es el coordinador de Acción Territorial dentro de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Las tres organizaciones empresariales han puesto en común las serias dificultades del tejido empresarial en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, fundamentalmente en el sector comercial, por la impermeabilidad de las fronteras comerciales con Marruecos.

Asimismo, todas las partes han compartido su preocupación por el notable incremento de la actividad de iniciativas públicas que merman la capacidad para competir de las empresas, dado que se contrata con empresas públicas, como TRAGSA, lo cual resta capacidad de actividad económica en concurrencia a múltiples sectores de actividad.

Igualmente se han abordado posibles acciones que contribuyan a mejorar y fortalecer espacios de trabajo conjunto en ámbitos como, por ejemplo, la financiación empresarial a través de la Sociedad de Garantía Recíproca, ‘Garántia’.

Con el objetivo de seguir impulsando esas acciones conjuntas se ha acordado la celebración de un encuentro público en el primer trimestre del año 2024. Este servirá para analizar la situación social y laboral en las ciudades autónomas, así como las oportunidades de inversión que representan. Todo ello junto a la necesaria reflexión sobre la capacidad de reivindicación en políticas fiscales y laborales, que contribuyan a paliar las externalidades negativas de la situación territorial de ambas ciudades.