La ministra, María Jesús Montero, ha explicado que, con el acuerdo del incremento salarial de los empleados públicos, se cumple los pactos con las organizaciones sindicales y queda recogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2023, para compensar la inflación.

La medida tendrá efectos retroactivos a 1 de enero de 2023 y beneficiará a cerca de 3,5 millones de personas, que percibirán la subida en la nómina de octubre.

María Jesús Montero reitera que una prioridad del Gobierno son sus empleados que ofrecen "el mejor servicio público”. Además, la temporalidad se reducirá a menos del 8% a finales del año 2024, la que, estabilizará las plantillas y contribuirá a la mejora del servicio.

Montero, ha apostado por incrementar las plazas en las plantillas dentro de lo posible, atendiendo a las reivindicaciones laborales de sus empleados y sindicales. Se han creado 169.000 puestos de trabajo, paliando la pérdida de 124.000 empleos en la legislatura de Rajoy.

Este aumento del sector público es compatible con el incremento del empleo en el sector privado, el que, sigue arrojando récord de cotizantes y el nivel de paro más bajo desde 2008.

Incremento salarial específico en la Administración de Justicia

El Consejo de Ministros ha incrementado una mejora del complemento de destino en 450 euros al mes, para la Administración de Justicia cumpliendo los acuerdos alcanzados con las asociaciones de jueces y sindicatos.

Esta subida se ejecutará de forma gradual los 1 de enero del 2023 y 2024 con un 40%, y el restante 20% el 1 de julio, también, de 2024. O sea, un 60% durante 2024.

En cuanto a las retribuciones de los letrados de la Administración de Justicia, tendrán un complemento específico transitorio de 430 euros mensuales en el año 2023.

CCOO

Va a seguir contribuyendo a mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos, pues avanzan en otras mejoras del Acuerdo Marco, como son la jubilación parcial anticipada del personal funcionario, la clasificación profesional y la definición del carácter mínimo de los permisos y días adicionales de vacaciones definidos en el Estatuto Básico del Empleado Público. Muchas de estas mejoras están pendientes de su aplicación, a la espera de la investidura del próximo presidente del Gobierno de España.