La Confederación de Empresarios defiende el valor de la negociación colectiva y el diálogo social, derecho que está consagrado en la Constitución, la que: 

“Garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios”.

En mayo de 2023 las Organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y las sindicales COO. y UGT, suscribieron el V AENC con una vigencia de tres años, 2023, 2024 y 2025, donde en dicho acuerdo todas las partes apostaban por el diálogo social y la negociación colectiva.

La propuesta presentada y reivindicada por la parte sindical pretende imponer una norma que supone un incumplimiento del acuerdo firmado, una ruptura del proceso de negociación colectiva y una grave pérdida de confianza.

La CECE aclara que, los convenios colectivos en España recogen y establecen horas de trabajo anuales, no semanales y, puntualiza que, cada convenio colectivo es fruto de una negociación basada en las características de cada sector y de propuestas mutuas de empresarios y sindicatos. Los empresarios defienden el derecho a exponer y defender su postura sobre lo que es bueno para la economía y la sociedad en el ámbito de la negociación colectiva para cada sector, y no, en conversaciones entre Gobierno y sindicatos con un resultado predeterminado.

Para la Confederación, una reducción horaria no es sinónimo de una mejora automática de la productividad. Al contrario, hay sectores donde repercute negativamente, especialmente en pequeñas empresas con pocos trabajadores y sin capacidad de reorganizar la jornada laboral, lo que supone el 99% de las empresas de la ciudad.

La reciente propuesta, sin negociación previa, sin análisis ni debate basadas en la productividad de cada sector, o en conceptos negociables como el impacto del absentismo laboral en las empresas, no responde al espíritu del diálogo social y de la negociación colectiva.

Desde la CECE se defiende el diálogo social, ponemos en valor los acuerdos alcanzados y rechazamos cualquier injerencia o imposición que menoscabe el diálogo social reflejado en más de 4.000 mesas de negociación colectiva en toda España.