Mediodía en una parada de autobús en la ciudad de España. Dos posturas dispares, dos voces que se alzan en un debate que refleja el complejo escenario de la migración en el país. Por un lado, una ciudadana adulta mayor comenta su inquietud sobre el reciente anuncio del presidente Pedro Sánchez de cubrir 250.000 empleos mediante migración “circular” o “regular”. "¿Y cuándo esto se concrete, a dónde se irán a vivir estos trabajadores?", cuestiona con preocupación y muy consciente del déficit de pisos de alquiler que enfrenta España. Su visión crítica resuena con la realidad de miles de familias residentes como migrantes que luchan por encontrar un hogar accesible en un mercado cada vez más escueto.

En el lugar también se encontraba un hombre, quien interviene con una perspectiva radicalmente diferente. "Sin inmigración, España no tiene futuro", afirma con convicción. Su argumento es claro: “Cuando el aceite o puré de tomates cuesto 11 euros y no haya nadie que lo recoja, más caro se va a poner". Esta mirada pone de manifiesto la dependencia del país en mano de obra migrante, especialmente en sectores que son vitales para la economía, como la agricultura y la construcción, etc.

La realidad es que el fenómeno de la migración amerita un tratamiento sumamente equilibrado, donde se escuchen todas las voces y se busquen soluciones sostenibles. Es clave encontrar un camino que aborde las necesidades económicas de España pero que también garantice dignidad y bienestar de sus residentes como de quienes apelan a una nueva vida en su territorio o huyen de conflictos en sus países de origen.

Migración en tiempo de incertidumbre: ¿Quién tiene la razón?

En la otra vereda se encuentra el Partido Popular (PP) en el Congreso que argumenta que dicha contratación de trabajadores en sus países de origen podría provocar un efecto llamada, desbordando aún más los puntos de llegada de migrantes a España. Asimismo, el PP presentó un proyecto que prevén que se debata en el Congreso. En dicho plan solicitan: controles fronterizos, mayor dotación de las fuerzas de seguridad y mayor combate a las mafias en origen. En tanto hacen hincapié en que el inmigrante cuente con el contrato de trabajo en origen y una carta de cumplimiento de las leyes española.

Sánchez, en su defensa de la migración, apunta que su iniciativa se trata de una cuestión de "principios morales, solidaridad y dignidad". Su fin no es “detener la migración, sino regularla”, buscando un equilibrio entre las necesidades del mercado laboral y la protección de los derechos de los migrantes. Paralelamente busca erradicar a las mafias que trafican con seres humanos. Por ello, días atrás viajó a diferentes países de África, tales como Mauritania, Gambia y Senegal.

En breves palabras se pretende formar al migrante en los países de origen para que luego arriben a tierras españolas para desempeñarse en empresas que las requieran. Los migrantes cubrirían mano de obra en determinados periodos con el compromiso de, una vez finalizada la labor, regresar a sus países.

Esto trae a colación que España tiene firmado con siete países un acuerdo de migración circular, ellos son: Argentina, Uruguay, Senegal, Marruecos, Honduras, Colombia y Ecuador.

Según el gobierno, en lo que va de 2024, un total de 20.515 trabajadores han participado en estos proyectos de migración circular. También se supo que se requerirá 200.000 a 250.000 trabajadores inmigrantes hasta 2050 para sostener el Estado del bienestar.

Mientras tanto, la delegación del gobierno de Canarias anunció días atrás que, durante el 2024, llegaron 45.277 inmigrante atravesando la ruta africana occidental. Contabilizando las ultimas llegadas, ya superarían las 46.000.

El breve diálogo de las personas en la parada de autobús refleja un debate mucho más amplio del fenómeno de la migración y las medidas que se están tomando. Y aquí el gran interrogante, estamos ante ¿Una migración circular o un desbordamiento?