El consejero ha distinguido dos expedientes necesarios para organizar este evento taurino. Por un lado, la ocupación de espacio público para la instalación de una plaza portátil y, por el otro, la autorización del festejo por parte de Cultura. A esto último ha recordado que, “tiene unos requerimientos y condicionantes”, los cuales, hasta el momento no se ha presentado documentación alguna.

Por ello, en los contactos mantenidos con el organizador de la corrida, Sebastián Ritter, la Consejería de Cultura advirtió que es casi imposible resolver todos los trámites administrativos en apenas unas semanas, recordando que el último expediente similar en 1995, tardo cinco meses.

“Como Administración cumplimos la normativa”, ha subrayado Rontome quien se ha referido a que es inviable ceder a un tercero, el parque Urbano Juan Carlos I, si la Ciudad no organiza o participa, según reza en la concesión con la Autoridad Portuaria.

El consejero y portavoz del Ejecutivo ha dejado claro que:

“Para el Gobierno de la Ciudad es una cuestión puramente administrativa. No debemos ni podemos negarnos a la organización de un evento que está perfectamente regulado por la una ley nacional. Si todo está perfecto y todo está correcto no habrá impedimentos a la celebración de una corrida de toros”.