El sindicato Solidaridad ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 1155/2024, que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España. La organización sindical considera que la nueva normativa supone una amenaza para los trabajadores españoles, precariza el mercado laboral y fomenta la inmigración irregular.

Según Solidaridad, una de las principales modificaciones impugnadas es la ampliación del visado de búsqueda de empleo, que pasa de tres meses a un año. A juicio del sindicato, esta medida agrava el desempleo entre los trabajadores nacionales al aumentar la competencia en el mercado laboral.

Otra de las cuestiones señaladas es la autorización laboral automática para los familiares reagrupados, que permite trabajar a cónyuges e hijos sin necesidad de trámites adicionales. Solidaridad critica que esta medida supone una competencia desleal para los trabajadores locales.

Además, el sindicato rechaza las nuevas modalidades de arraigo contempladas en la norma, al considerar que facilitan la regularización de inmigrantes en situación irregular con requisitos más flexibles, lo que, en su opinión, incentiva la inmigración ilegal y perjudica a quienes cumplen con las normativas vigentes.

En relación con las facilidades para regularizar situaciones irregulares, Solidaridad alerta de que la disposición transitoria quinta permite obtener autorización de residencia a quienes lleven seis meses en situación irregular, lo que califican como una “amnistía encubierta”. También critican la disposición final tercera, que prioriza la protección de colectivos vulnerables afectados por conflictos políticos, étnicos o religiosos, argumentando que podría desestabilizar el mercado laboral.

Rodrigo Alonso, secretario general del sindicato, ha subrayado que Solidaridad continuará luchando para proteger los derechos laborales en España, afirmando que:

"No se pueden utilizar los reglamentos como herramientas para promover la inmigración irregular y la competencia desleal en el empleo".

El sindicato exige al Gobierno la retirada inmediata de estas medidas, asegurando que de mantenerse, supondrán un retroceso en la lucha por condiciones laborales justas.