La concesión del servicio de transporte urbano de viajeros en autobús vence en el próximo mes de septiembre. Ya en su momento Caballas planteó la necesidad de municipalizar este servicio que, a su juicio, se presta con notables deficiencias, muchas de ellas derivadas -para la coalición- de su carácter “privado”, lo que provoca que los intereses de la ciudadanía queden siempre supeditados a la rentabilidad económica. Todo ello sin contar que ya le cuesta a la Ciudad 350.000 euros anuales. 

El Gobierno se apresuró a decir que estaba en contra de esta propuesta, el Grupo supone que “por razones estrictamente ideológicas, ya que no existe memoria alguna que soporte esta opción”. Es más cuando quedan sólo diez meses para tener operativa la hipotética nueva adjudicación no se ha hecho absolutamente nada, a pesar de que se trata de una contratación muy compleja. Probablemente termine, tras la contrastada “ineptitud del Gobierno, en manos de TRAGSA”, apunta Caballas. 

Pero la prueba más evidente del desacierto del Gobierno está en los propios hechos. El Reglamento de autobuses en papel mojado. El Gobierno no tiene control ninguno sobre el servicio, y las líneas se ponen, se quitan, se interrumpen o se suspenden al margen de un Gobierno cada vez “más incompetente”. Es por ello que El Grupo Parlamentario Coalición Caballas solicitara al Gobierno explique por qué han renunciado a gestionar el servicio de autobuses, dejando en manos de la empresa la adopción y decisiones que corresponden exclusivamente a la administración titular del servicio público, en este caso, la Ciudad.