Caballas recuerda que el lunes día once de enero, nuestra Ciudad ha sido víctima de unas muy graves acusaciones vertidas en el diario digital ‘El Español’, según las cuales en Ceuta nos hemos convertido, a través del juego online, en una tapadera de toda clase de negocios turbios y actividades ilícitas. A juicio de la formación local representada por Mohamed Ali, se trata de unas acusaciones que no deben quedar sin contestación, pues dañan la imagen de la ciudad en unos momentos especialmente delicados.

Caballas dice que más allá de la veracidad o no, de cuanto se dice en el medio, lo cierto es que:

“El Gobierno no es nunca suficientemente claro a la hora de explicar los pormenores de la implantación de una actividad que, aun siendo perfectamente legal, no deja de estar rodeada de un halo de sospecha permanente, entre otros motivos, por su facilidad para prestarse al fraude”.

Para el Grupo local, el Gobierno debería ser extremadamente celoso en garantizar la transparencia en todo lo relativo a esta actividad. Para los de Mohamed Ali, no es aceptable la evasiva de que:

“Se trata de una actividad privada, porque está financiada de manera indirecta por todos los españoles a través de una considerable merma en los ingresos públicos”.

De manera muy concreta, Caballas considera que es necesario explicar si el esfuerzo que se está haciendo tiene una repercusión positiva en la generación de empleo en
Ceuta, única finalidad que puede justificar el dumping fiscal* que se ha organizado en torno a las empresas de juego.

Por ello, en el próximo Pleno de Control al Gobierno, le preguntará qué mecanismos de control tiene el Gobierno para comprobar que el empleo creado en este sector está ocupado por personas que efectivamente residen en Ceuta y si está en condiciones de garantizar que efectivamente es así.

En el mismo orden de preguntas, le pedirán al Ejecutivo si puede explicar el importe total de los ingresos que ha perdido el Estado por la aplicación de la bonificación del 50% en la tasa del juego en los ejercicios 2019 y 2020.

El dumping fiscal es la lucha entre ciudades y comunidades autónomas para conseguir el mayor número de sedes sociales de empresas, ofreciéndoles buenas condiciones, debido al margen que tienen para regular determinados impuestos.