La Guardia Civil investiga una empresa perteneciente a un holding internacional americano con sede europea en Londres, por una mala gestión de residuos sanitarios Covid-19. La operación Ribio se ha saldado con la detención e investigación de 20 personas.

La empresa investigada reducía costes en envases, manipulación y equipos de protección, con el incremento del riesgo de dispersión del virus que supone. La operación se ha centrado en las sedes en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid, y también en las sedes de Portugal.

Las vigilancias llevadas a cabo por el SEPRONA han revelado que los residuos infecciosos eran almacenados en la calle y sin los envases adecuados utilizando otro tipo de embalaje más económico.

Este modus operandi les permitía incrementar los beneficios obtenidos, que se estiman en un 300%. Los operarios en su mayoría sólo disponían de guantes como equipos de protección individual.

El ahorro en envases provocaba que gran parte de los mismos -al contener sustancias líquidas- se deteriorara y el contenido de las bolsas acabara disperso por la vía pública.

La empresa investigada asumía un volumen y tipo de residuos muy por encima de la previsión realizada en base a su capacidad. Esto ha desembocado en posibles tratamientos incorrectos, que no conseguían neutralizar la carga vírica y el riesgo de infección, y, en general, actuaciones negligentes que han podido generar situaciones de contagio.

Los investigados usaban naves no autorizadas para el almacenamiento clandestino de estos residuos. La empresa incrementó su gestión en tres toneladas en tan sólo unos meses, sin capacidad para ello.

Irregularidades cometidas

La empresa gestora usaba cajas de cartón como envase para guardar las bolsas infecciosas, contraviniendo las normas de seguridad mínimas aceptadas y marcadas por la legislación vigente.

Esto generaba un riesgo para los trabajadores que lo manipulaban, y lo transportaban, especialmente en empresas subcontratadas no habilitadas para este tipo de residuos, y donde los transportistas no contaban ni con cualificación, ni con protocolos de actuación.

Los responsables de la empresa incurren en varios delitos relacionados con la gestión irregular de residuos, delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la salud pública.
La mala gestión de estos residuos puede acarrear directamente la aplicación de sanciones penales con penas de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.