La Guardia Civil ha intervenido 30.000 juguetes falsificados en una operación contra su comercio ilegal desarrollado en cinco centros mayoristas de Beniaján (Murcia). 

Cinco personas han resultado investigadas como presuntas autoras de delito contra la propiedad industrial.

La investigación se inició cuando especialistas de la Unidad Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Lorca detectaron la venta de juguetes falsificados en pequeños comercios de Murcia. Los agentes averiguaron que habían sido adquiridos en establecimientos tipo bazar, de venta al por mayor, de la periferia de la capital murciana.

Las indagaciones practicadas permitieron localizar cinco almacenes de venta al por mayor de productos de bazar en Beniaján y en la pedanía de Los Dolores, regentados por ciudadanos extranjeros.

La Guardia Civil ha llevado a cabo la inspección de estos cinco locales comerciales donde han sido localizadas y contabilizadas un total de 29.863 unidades de juguetes de distintas marcas que, en muchos de los casos, carecían del etiquetado reglamentario. Algunos de ellos poseían características que no se ajustan a la normativa reglamentaria que rige su fabricación.

Desmantelado un punto de montaje 

En uno de estos locales, la Guardia Civil ha localizado un punto de montaje de los mismos juguetes que estaban a la venta en el comercio. En este lugar se han hallado embalajes tales como cajas, carcasas de plástico y blisters de idénticas características a las originales. 

También se han encontrado bolsas de juguetes a granel que, una vez introducidos en sus cajas -serigrafiadas como la marca falsificada-, simulaban con máxima fidelidad a las auténticas marcas comerciales.

En la misma nave, los agentes han hallado un habitáculo de unos 30 metros cuadrados, -oculto detrás de grandes cajas-, con estanterías repletas de juguetes también falsificados, ordenados por marcas y modelos, dispuestos para su venta.

El valor de venta de las 30.000 unidades de juguetes falsificados aprehendidos supera los 33.000 euros. Si bien, el perjuicio económico causado a las marcas podría rondar los 100.000 euros.

Las pesquisas practicadas han permitido identificar a los cinco responsables de los establecimientos, a los que se les imputa un delito contra  la propiedad industrial.

Según se desprende de la investigación, se trata de juguetes falsificados procedentes de terceros países, fuera de la Unión de Europea. Además, los investigados no han acreditado su lícita importación, por lo que además, podrían haber incurrido en una infracción a la Ley Orgánica, 12/1995, de 12 de diciembre, de Reprensión del Contrabando.

Las cinco personas investigadas, los juguetes aprehendidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia.