Desde las primeras horas del día, 5 de febrero de 2020, se está llevando a cabo una importante operación denominada “Ave Fénix” que pretende erradicar la actividad de las plataformas anguleras ilegales que se hayan instaladas en la desembocadura del río Guadalquivir, y que representa una seria amenaza, desde el punto de vista de la biodiversidad, la pesca lícita y regulada, el tráfico y seguridad de la navegación y el tráfico de drogas.  En la operación denominada “AVE FÉNIX”, liderada por la Guardia Civil, están implicados más de 120 agentes de distintas Administraciones Estatales y Autonómicas, así como 15 embarcaciones, un helicóptero, aeronaves no tripuladas y medios terrestres.

La actividad de estos artefactos anguleros, se realiza en una reserva de pesca, que es una zona biológica y ecológica muy sensible, denominada zona de cría y engorde del Bajo Guadalquivir. La pesca de la angula está totalmente prohibida en los ríos y aguas costeras de Andalucía, como medida excepcional para la recuperación de la anguila europea.

Quienes practican esta actividad comercial, que no recreativa ni cultural ni de subsistencia, usan redes de 1mm de luz de malla, por lo que todas las especien que cohabitan con la angula caen con este arte de pesca, que tiene una especial eficacia destructiva para la vida en los ríos. Además, su labor la realizan al margen de cualquier legalidad vigente, actuando con total impunidad ante cualquier sanción administrativa o responsabilidad civil que sus artefactos puedan causar, ya que todo su patrimonio y riqueza está a nombre de terceros.

La pesca de exterminio que realizan, afecta a la macrofauna acuática de la zona, que está compuesta, al menos, por 134 especies, que son de interés gastronómico y por tanto comercializable, cuando alcanzan la talla legal. Por tanto, su actividad ilícita repercute de forma negativa en los trabajadores de la mar, que realizan su dura faena respetando las leyes y pagando sus impuestos. Pero además, todas estas especies dan vida y mantienen un ecosistema único en el Parque Nacional de Doñana, fuente de vida y riqueza para toda la zona.

La presencia en el río de estos artefactos representa un peligro para la seguridad marítima y entorpece la navegación, en un rio angosto, con poco calado y de trazo sinuoso, llegando a ocupar en ocasiones la canal de navegación hacia o desde Sevilla, sin contar con el riesgo que representan para las FCSE, e incluso los propios narcotraficantes, en persecuciones nocturnas a alta velocidad mientras las Fuerzas de seguridad que combaten el fenómeno del narcotráfico desarrollan en el río Guadalquivir.

Por todo ello, desde primeras horas de hoy día 05 de febrero, 105 guardias civiles, 15 funcionarios de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía y 3 funcionarios de la Capitanía Marítima de Sevilla, están trabajando con todos los medios materiales que la Administración dispone para conseguir los objetivos que se habían marcado, siendo de especial interés y relevancia la colaboración que están prestando personalidades de la Universidad como Carlos Fernández, que lleva más de 25 años estudiando cómo se va debilitando la vida marina en la desembocadura del Guadalquivir, o Ángel León, el Chef del mar, que realiza una apuesta firme en sus cocinas por un sistema de trabajo respetuoso con el medio ambiente, como única manera de mantener un legado que poco a poco vamos destruyendo.