La Guardia Civil, en el marco de la denominada operación Ayote, ha desarticulado un grupo criminal que se había especializado en la trata de seres humanos para el cuidado en España de personas de avanzada edad, con enfermedades graves o algún tipo de dependencia.

Han sido detenidos todos los integrantes del grupo formado por cuatro mujeres -dos de ellas hermanas- y tres varones de un mismo clan familiar nicaragüense, de entre 19 y 41 años. Los miembros de este grupo actuaban de manera estructurada, organizada y jerarquizada desde sus dos bases de operaciones establecidas en Logroño y Alfaro (La Rioja) y en Huesca. 

Una de las cabecillas del grupo fue detenida en la terminal T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez cuando intentaba introducir en España a otras tres víctimas procedentes de Nicaragua para su explotación. El resto de detenciones se realizaron de manera simultánea en La Rioja y Huesca, lugares en los que también se llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios. 

A todos los detenidos se les considera presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

Más de 750.000 euros en ganancias

La Guardia Civil ha identificado a un total de cincuenta mujeres que han sido víctimas de esclavitud desde 2016 de esta organización, con las que habrían obtenido unos beneficios económicos superiores a los 750.000 euros. 

El grupo criminal sometía y controlaba a todas sus víctimas mediante constantes amenazas, intimidación, engaño y coacción, amedrentándolas con advertencias de las consecuencias a las que se enfrentarían sus familiares en Nicaragua, si llegaban a denunciar los hechos.

Además, los productos básicos de primera necesidad que la responsable del grupo recibía de diferentes organizaciones de ayuda humanitaria, los vendía a sus víctimas a precios abusivos llegándoles a cobrar por un comprimido de paracetamol entre 20 y 30 euros, incrementando así sus beneficios.

Las victimas interceptadas en el aeropuerto de Madrid fueron trasladadas a Logroño e informadas de sus derechos como víctimas de trata, poniéndoles a su disposición todos los recursos asistenciales para garantizarles un alojamiento conveniente y seguro, ayuda material, asistencia psicológica, asistencia médica y asesoramiento jurídico.

Modus operandi

Los familiares directos del grupo criminal residentes en Nicaragua se encargaban de  buscar a las víctimas, principalmente mujeres jóvenes y sin estudios, con hijos a su cargo y en riesgo de exclusión social. Allí les prometían un trabajo digno y bien remunerado en España. Si aceptaban, les compraban el billete de avión y les entregaban 1.000 euros en efectivo para justificar la estancia inicial en España, con visa turista limitada a 90 días.

Una vez en España, las víctimas contactaban con un miembro de la organización que las trasladaba a las viviendas de Logroño, Alfaro y Huesca. Seguidamente, les retiraban el pasaporte y el dinero entregado advirtiéndoles de que habían contraído una deuda con la organización de 6.000 euros y que tenía que ser satisfecha en un corto plazo.

La jefa del grupo criminal usurpaba la identidad de las víctimas para poner anuncios en internet y redes sociales. Cuando cerraba el trato con los demandantes de estos servicios enviaba a las víctimas para llevarlos a cabo, no sin antes aleccionarlas bajo nuevas amenazas.

A final de mes los demandantes pagaban directamente a las víctimas en negro. Las victimas entregaban a la organización el 85% del dinero como pago de la deuda contraída, quedándose el resto para poder subsistir en España.

Cuando descansaban o se quedaban sin trabajo, la organización las alojaba en sus viviendas y les cobraban por todos los servicios. En caso de no poder pagarlos les prestaban dinero a un 20% de intereses, lo que suponía que la "deuda" no disminuyese sino todo lo contrario, se convertía en una cifra astronómica difícil de saldar, quedando las victimas más atadas a la organización.

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Calahorra (La Rioja), ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja, colaborando en la misma sus homólogos de Navarra, Huesca y Tres Cantos, así como el Puesto Principal de Calahorra y la Unidad Cinológica Central.