Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado en Valencia un entramado empresarial presuntamente dedicado al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales, y ha detenido a 16 personas en las provincias de Valencia, Madrid y Málaga, a quienes se les imputa su pertenencia a organización criminal. Se les ha intervenido más de 420 kilogramos de cocaína.

La investigación comenzó en septiembre de 2019, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un individuo dedicado a la reparación de vehículos y cuyo taller había cerrado, estaba utilizando el código de identificación fiscal de su anterior negocio para importar fibra de coco desde Costa Rica.

Las primeras gestiones permitieron comprobar que la empresa pasó de ocupar un bajo con disposición de taller en la localidad valenciana de Torrent, a un almacén de grandes dimensiones en el Polígono Industrial de Alcácer, en el cual apenas había actividad. Este lugar estaba más centrado en la compraventa de vehículos de segunda mano que en el almacenamiento de productos. Su interior, sin embargo, se encontraba vacío prácticamente en su totalidad.

La droga viajaba oculta en 32 ladrillos ocultos entre la carga

Tras estas comprobaciones, los agentes comenzaron a chequear los contenedores importados por esta persona, lo que permitió averiguar que las toneladas de fibra de coco que recibía eran almacenadas en Alcácer sin darle salida.

Posteriormente, esta empresa recibió dos contenedores más de fibra de coco procedentes del mismo exportador de Costa Rica. Durante la descarga se produjo la intervención policial, dando como resultado la incautación 427 kilogramos de cocaína y la detención de los presentes, entre ellos, el principal investigado y su pareja. La droga iba oculta en 32 ladrillos de sustancias estupefacientes ocultos entre la carga.

Durante el registro del almacén, llamó la atención de los investigadores la enorme cantidad de fibra de coco acopiada. Pese a esto, no ocupaba ni un cuarto de la capacidad de la nave, lo que también les resultó extraño, pues el alquiler mensual del local era de un valor muy superior a lo almacenado. En el registro se hallaron libros de cuentas y anotaciones de gastos que apuntaban a que el principal investigado estaba siendo utilizado por otras personas para importar la sustancia.

Recibía aportaciones económicas que le servían para cubrir sus gastos

Además, encontrándose económicamente en bancarrota, comenzó a recibir aportaciones por distintas vías, lo que le servía para cubrir los gastos de las importaciones de los contenedores, el alquiler del almacén y mantener un nivel de vida humilde. Se trataba de préstamos personales realizados por particulares y por la venta de un inmueble en Paraguay a un familiar, operación con la que se maquilló la aportación de 50.000 euros.

El análisis de todos estos datos permitió detectar que, además, las cuentas corrientes desde las que se movía el dinero habían sido utilizadas para otras operaciones, como la adquisición de vehículos, el pago de nóminas ficticias y la adquisición y acondicionamiento de un inmueble en Valencia que iba a ser abierto como local de copas, en el que se invirtieron más de 500.000 euros.

Finalmente, tras de la incautación de la droga, se procedió a la explotación final de la operación. Además de las 16 detenciones, se realizaron varios registros, donde se incautó abundante material, destacando sellos y documentación de empresas fantasmas y numerosa documentación relacionada con las empresas de la organización. También fueron intervenidos cuatro automóviles y tres motocicletas de alta gama.