14DIC18.- Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en las Islas Canarias la operación “Plano”, dirigida contra personas y sociedades que defraudaban a la Seguridad Social, cuantificándose el fraude cerca de 1.600.000 euros. Las investigaciones comenzaron a principios del presente año tras recibir diversas denuncias por posibles ilícitos contra la Seguridad Social cometidos en el archipiélago, culminando con la detención e imputación de 18 personas en las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, por dieciocho delitos contra la Seguridad Social, frustración en la ejecución y falsedad documental.

Gracias a ello, se ha descubierto el fraude a la Seguridad Social, generado en sectores de actividad tan diferentes como la construcción, la estética, la cinematografía, la restauración, la hostelería y la actividad física. Los investigados, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas al organismo público y así frustrar las legítimas aspiraciones de cobro, realizaron sucesiones empresariales opacas y crearon grupos fraudulentos de empresas, utilizando para ello en algunos casos la figura de testaferros, aunque en algunas otras ocasiones pusieron al frente de los negocios a miembros de su propia familia o a trabajadores que no tenían otra opción si pretendían mantener el trabajo.

Además, en algunos casos, crearon sociedades patrimoniales a nombre de terceros, donde transferían los bienes de las empresas deudoras y de sus administradores con el fin de ocultar el patrimonio y los beneficios a sus acreedores. Por último, y dentro de las ilícitas actividades investigadas, se detectaron falsedades documentales de modelos de solicitud de conciliación con los trabajadores.

Falsos autónomos y ocultación de ingresos

El caso más notorio se produjo por parte de un matrimonio canario que gestionaba varios centros deportivos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Con su empresa principal, creada en el año 1997, llegó a acumular una deuda con la Seguridad Social que rondó los 300.000 euros. La pareja, con el fin de no pagar a la Seguridad Social, no paró de realizar diversas tretas con el fin de eludir su responsabilidad, habiéndoles detectado cuatro 'modus operandi diferentes'.

Primeramente, crearon empresas para gestionar de manera individualizada sus numerosos centros deportivos, haciendo rotar a los trabajadores entre ellas con el fin de evitar que acumularan antigüedad con una misma sociedad. Con posterioridad, y ya acuciados por los acreedores, obligaron a los monitores deportivos a darse de alta como autónomos, creando, de esta forma, una situación de contratación fraudulenta. Además, a partir del 2012 retiraron los datafonos con el fin de impedir a los clientes el pago de sus abonos con este método, disimulando de una forma sencilla los ingresos obtenidos al pasar a manejar más efectivo.

Tras los intentos de cobro de la Administración, y con el único fin de seguir burlando sus controles, en el año 2010 gestaron una empresa en la que pusieron al frente a un testaferro, sirviéndoles para realizar una caja única entre ésta y la principal deudora. De esta manera, la nueva empresa que carecía de trabajadores, escapaba de estar fiscalizada por la Tesorería, declarando en ella sólo ingresos y dejando los gastos en la cuenta de la sociedad principal, falseando así la situación económica real de ambas sociedades. Posteriormente, ante las quejas del testaferro, el matrimonio recabó el control de la empresa a través de una venta privada por cerca de 100.000 euros que nuevamente escondió a la Tesorería, pasando el principal investigado de ser administrador de hecho a ser de derecho, y su mujer a ser socia de la empresa.

A continuación, ya en el 2016, arrendaron uno de sus gimnasios sobre el que pesaba un embargo de su maquinaria y de sus diferentes aparatos, encubriendo los ingresos generados de la explotación del negocio. Este alquiler incluía el centro deportivo con todos sus aparatos, los trabajadores a los que mantuvo sin solución de continuidad y a todos los clientes, creando con ello una sucesión empresarial encubierta.

A partir de ese mismo año, la mujer, que cobraba un sueldo que estaba en torno a los 20.000 euros, recibió en menos de 24 meses en sus cuentas particulares ingresos por valor de unos 240.000 euros, tratando de evitar nuevamente de esta forma los embargos asociados a la deuda de la Seguridad Social. Por todo ello, fueron detenidas tres personas e investigada no detenida una cuarta, imputándoles un delito contra la Seguridad Social y tres de frustración en la ejecución.