El consejero de Sanidad, Javier Guerrero, reitera que:

“Ceuta necesita unos indicadores específicos, adaptados a sus circunstancias y peculiaridades, para hacer frente al avance de la COVID-19”.

Y añade que:

“Los incluidos por el Ministerio de Sanidad en la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de riesgo, son demasiado genéricas para aplicar una reducción de movilidad en Ceuta”.

El consejero de Sanidad se ha mostrado en desacuerdo con el documento presentado por el Ministerio de Sanidad sobre las nuevas actuaciones coordinadas en materia de salud pública, que por mayoría ha sido aprobado y es de cumplimiento vinculante, en las que se decretaba confinar zonas de poblaciones con más de 100.000 habitantes…, en base a esta medida, Guerrero advierte que Ceuta se ve perjudicada por dos criterios. Uno las camas UCI, que el Ministerio solo cuenta las que había antes de la pandemia y no la ampliación que ha realizado el INGESA. Y otro la positividad de las pruebas PCR en Ceuta que está por encima del 16 % es puesto que se les hace a personas que presentan síntomas y es más elevada, superando así el criterio del Ministerio del 10 %.

Javier Guerrero ha subrayado que:

“Estamos trabajando junto con el INGESA en esos indicadores específicos, para presentarlos al Ministerio de Sanidad, para que cuando se determine un confinamiento esté plenamente justificado. Lo contrario afectaría mucho a la economía de nuestra ciudad, a hosteleros y comerciantes”.

Por ello Guerrero ha justificado su voto en contra en el último Consejo Interterritorial, añadiendo y matizando (después de lo hemos visto en prensa) que:

“No ha sido una decisión política, sino respaldada por la opinión de los técnicos”.

Y añade aclarando que: 

“Ceuta siempre ha apoyado las decisiones del Ministerio de Sanidad, pero en esta ocasión no hemos podido hacerlo, porque el documento ha sido más político que técnico”.

No es una decisión política sino técnica frente a un documento político

El Ministerio de Sanidad y trece comunidades autónomas han acordado en la tarde del miércoles, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, nuevas actuaciones coordinadas en materia de salud pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de la Covid-19,  han votado en contra Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia y Ceuta. Murcia se abstuvo.

Solo una comunidad donde gobierna el PP, Castilla y León, su presidente Alfonso Fernán de Mañueco, no se ha montado al carro del NO (Será porque la consejería de Sanidad depende de Ciudadanos). Asimismo, Fernando López Miras presidente de Murcia, se abstuvo. Pero otra novedad ha sido del sí de ayer al no de hoy de Isabel Díaz Ayuso, alegando que no estaba de acuerdo porque las medidas le parecen insuficientes. Da la sensación de un bloqueo “impuesto” por los populares a la gestión del Gobierno. Aun así las medidas -aprobadas por mayoría- son de cumplimiento vinculante.

En concreto, se establece que es necesario implementar nuevas medidas en las poblaciones con más de 100.000 habitantes que tengan una incidencia superior a los 500 casos por 100.000 personas en los últimos 14 días, una positividad de las pruebas diagnósticas de infección activa superior al 10% y que estén en comunidades autónomas con una ocupación de camas UCI por pacientes covid-19 superior al 35% de la dotación habitual. Por lo cual la Comunidad de Madrid, la capital y 9 de sus ciudades se implementarán estas medidas.

En aquellas localidades que cumplan estos requisitos, se deberán aplicar, al menos, las once medidas de control y respuesta y dos recomendaciones recogidas en el documento acordado este miércoles.