Los colegios oficiales de médicos de Ceuta y Melilla se han unido para reclamar al INGESA mejoras que, ya se aplican en otras autonomías y que su ausencia en las dos ciudades repercute negativamente sobre la atención sanitaria. Una de ellas es la desigualdad salarial de los facultativos que compaginan la sanidad pública con la privada, la que dificulta la contratación de especialistas o la retención de profesionales.

El escrito de protesta está firmado por la totalidad de facultativos en ambas ciudades autónomas, penalizados salarialmente por compaginar ambas actividades.

Lucha que se remonta contra la inacción del INGESA, por ello los colegios han decidido tomar medidas para acabar con esta discriminación salarial al no percibir el complemento de exclusividad, perjuicio que sufren muchos médicos ceutíes y melillenses aun realizando el mismo trabajo, con la misma responsabilidad y dedicación. Aunque muchas autonomías han acabado con este desequilibrio porque ha quedado demostrado que el complemento de exclusividad no ha supuesto ninguna mejora para la atención sanitaria ni una mayor disponibilidad de los médicos, dejando al INGESA prácticamente como el único servicio de salud en mantenerlo.  De hecho, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) también ha eliminado esta discriminación salarial, y son varios los facultativos de Ceuta y Melilla que han optado por marcharse definitivamente a Andalucía.

En Ceuta y Melilla es patente la dificultad existente para contratar especialistas. Ambas ciudades deben ofrecer mejores condiciones laborales dada la extrapeninsularidad. Y, sin embargo, se penaliza a la compatibilidad entre lo público y lo privado con una disminución salarial de 1.183 euros brutos mensuales.

El INGESA, debería valorar el ejercicio mixto, pues son muchos los mutualistas de ISFAS, MUFACE y MUGEJU y no sobrecargan la sanidad pública. Sobre 20.000 pacientes por área, reciben asistencia privada y no de la Seguridad Social.

Entre Ceuta y Melilla tan sólo hay alrededor de 60 médicos de ejercicio mixto, por lo que acabar con esta discriminación no supondría una alteración en los presupuestos vigentes.

Esta reivindicación de no recibir respuesta, los facultativos afectados firmantes anuncian que iniciarán un calendario de movilizaciones y medidas de protesta, en los que podrían incluir una huelga. Además, se pondrá el caso en manos de los abogados, tanto del Sindicato Médico como del Colegio Oficial de Médicos, para iniciar los trámites por la vía judicial.