Vivas pide al ministro de Política Territorial, Torres que impulse el Plan Integral
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, le ha pedido al ministro de Política Territorial, Ángel Torres, que dé, un impulso definitivo a las medidas estratégicas en pos de la calidad de vida, el desarrollo económico, prosperidad y estabilidad que contempla el Estado para Ceuta en el Plan Integral de 2022.
Esa petición viene a cuento de que, el ministerio de Torres, es el que se encarga de la coordinación y seguimiento de la ejecución del Plan Integral aprobado en octubre de 2022.
Ministro y presidente, han mantenido en el palacio de la Asamblea una reunión donde han abordado la situación del Plan, e incluir a Ceuta en la Estrategia de Seguridad Nacional.
“Siempre es motivo de satisfacción recibir a un ministro”, le ha dicho Vivas y, en este caso porque ha sido presidente del Gobierno canario y, sabe la realidad extrapeninsular, insular y sus dificultades para el desarrollo económico, de la escasez de recursos naturales, de las comunicaciones o de la presión migratoria.
El presidente ha hablado con Torres de muchas cosas, como la recuperación de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social y las necesidades en educación, sanidad, vivienda y servicios sociales. Aparte de la cesión de suelo de Defensa y de la conexión eléctrica con la península. También del abaratamiento de las comunicaciones; la construcción del centro educativo del Brull; la Ciudad de la FP; la aduana comercial; la dinamización del puerto; la segunda fase de la N-352 y una ley específica del suelo para Ceuta y Melilla.
Sobre la estrategia de Seguridad Nacional, ha hecho hincapié en las infraestructuras y medios de Defensa y Seguridad; la ampliación y blindaje del REF al servicio del modelo económico verde, azul e inteligente y la cobertura de los déficits que “causan los condicionantes estructurales”.
Vivas le ha recordado a Torres que Ceuta vive una situación límite y de “verdadera emergencia” con los MENA, y le ha pedido modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería en aplicación al principio constitucional de solidaridad, o sea, que la derivación a la península de los menores sea obligatoria y no dependa de la libre decisión de las distintas comunidades.