El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que tienen como objetivo la consolidación de los servicios públicos esenciales y la creación de un nuevo modelo de crecimiento económico sostenible que permita la recuperación de la clase media y  trabajadora.

La ministra de Educación y Formación Profesional y Portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha afirmado que el Gobierno tiene un proyecto político sólido que está reflejado en los presupuestos. En este sentido, ha subrayado que las cuentas públicas quieren blindar el Estado de bienestar y derechos como la dependencia, la sanidad y la educación: "Van a ganar los estudiantes, los becarios, los jóvenes, aquellos que ganan un Salario Mínimo Interprofesional, los funcionarios y la clase media".

Además, la portavoz ha avanzado que aumentarán las partidas para luchar contra la violencia machista y proteger a las mujeres de los maltratadores y asesinos.

Celaá ha añadido que son unos presupuestos que amparan y definen a la vez el diseño territorial que establece la Constitución: "Ni división ni centralismo predemocrático. Apoyo a las comunidades autónomas y reforma del modelo para fortalecerlo, no para debilitarlo". 

La portavoz ha concluido que son unos presupuestos sociales que buscan equilibrio, convivencia y unión: "Este país necesita crecer y redistribuir la riqueza y estos presupuestos buscan eso, redistribuir para crecer y crecer para distribuir".

El presupuesto más social de la historia

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en el carácter social del proyecto de presupuestos y ha asegurado que la voluntad del Gobierno es "poner a las personas, a los ciudadanos, en el centro de la actuación política" con medidas concretas "en las que muchas personas van a poder verse reflejadas en su día a día".

El objetivo de estas medidas es el reforzar a las familias y a la clase media "para permitirles que superen el escalón que retrocedieron con motivo de la crisis y puedan disfrutar de un mayor nivel de vida y de un proyecto más acorde con sus expectativas".

El gasto en pensiones sube un 6,2%, y todas ellas aumentarán al menos un 1,6%, alcanzando las mínimas y no contributivas un 3% más. Para los pensionistas más vulnerables se elimina el copago farmacéutico, mientras que las pensiones de viudedad se calcularán ahora con el 60% de la base reguladora, lo que permitirá a medio millón de viudas de más de 65 años incrementar su pensión en torno a un 7%. Y se recupera el subsidio para las 114.000 personas mayores de 52 años desempleadas.

La atención a la dependencia recibirá 2.231 millones, lo que supone un incremento del 59,3%. "Nunca antes el  Gobierno de España había destinado tanto esfuerzo para estimular la protección de los más vulnerables y para que este área se convierta en un ámbito de creación de empleo", ha destacado la titular de Hacienda.

Para mejorar la conciliación familiar, se prevé elevar de 5 a 8 semanas el permiso de paternidad. Asimismo, los presupuestos contemplan que los ayuntamientos puedan destinar parte de su superávit a las escuelas infantiles de 0 a 3 años "para promover la universalización de este servicio", tal y como ha explicado la ministra. Las becas en Educación aumentarán un 10,2% y la cobertura para libros de texto se duplica hasta alcanzar los 100 millones.

Una fiscalidad progresiva y redistributiva

La titular de Hacienda ha afirmado que el proyecto de presupuestos cumple con los principios de estabilidad presupuestaria de la Unión Europea y se atiene al objetivo de déficit vigente del 1,3%, dado que se ha vetado en el Senado la nueva senda de estabilidad planteada por el Gobierno y aprobada por el Congreso. "El Gobierno proponía un déficit de 1,8%, y no renuncia de ninguna manera a sacar adelante esta senda de estabilidad, pero como España necesita nuevos presupuestos, hemos amoldado las cuentas a los objetivos actuales", ha afirmado.

Montero ha definido los presupuestos como un punto de inflexión en la política económica y presupuestaria española, ya que hacen compatible la consolidación fiscal con el incremento del gasto público y sientan las bases para "un modelo de crecimiento económico más inclusivo, inteligente y sostenible".

La ministra ha defendido que el debate sobre la fiscalidad de un país es "nuclear en su configuración y cohesión". Por ello, las medidas fiscales recogidas en el proyecto de presupuestos permitirán ingresar hasta 227.356 millones de euros, un 9,5% más que en el año anterior.

"Avanzamos hacia un modelo impositivo más justo y redistributivo", que protege a la pequeña y mediana empresa y a las rentas medias y bajas, y progresivo, "para que quienes más riqueza tienen contribuyan más, para que todos avancemos en conjunto", ha afirmado Montero.

Así, el Impuesto de Sociedades sufre un cambio tributario para elevar la aportación de las grandes empresas, que son aquellas que facturan por encima de los 20 millones de euros. La previsión del Gobierno es que así aumente su recaudación en un 14,1%, hasta los 27.579 millones. Por el contrario, se incluye una rebaja del tipo del 25% al 23% para las que facturan menos de un millón de euros.

Los presupuestos contemplan una subida de dos puntos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para rentas superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para las que superan los 300.000, el mismo porcentaje que se aplicará para las rentas de capital superiores a 140.000 euros. "Ambas medidas afectan a menos del 0,5% de los contribuyentes, lo que pone de manifiesto que impulsamos una fiscalidad que protege a la clase media", ha recalcado Montero.

Respecto al IVA, se rebajará del 10% al 4% para los productos de higiene femenina, del 21% al 10%  para los servicios veterinarios y se situará en el 4% el de libros, periódicos y revistas electrónicos, para igualarlo con los de formato en papel.

La fiscalidad medioambiental sufre cambios relevantes, por ejemplo con la reducción de la bonificación del diésel respecto a la gasolina, una medida que no afectará a los profesionales del transporte ni a los agrarios.

La ministra ha adelantado que se impulsará una nueva ley contra el fraude fiscal, que prohibirá las amnistías y limitará a 1.000 euros los pagos en efectivo entre profesionales. Asimismo, se crean dos nuevos impuestos, uno sobre transacciones financieras y otro sobre servicios digitales.

Innovación y desarrollo

María Jesús Montero ha señalado que la innovación y el desarrollo sostenible deben ser motores de crecimiento "si queremos ser un país competitivo y hacer de esta especialización nuestro valor diferencial". Por ello se incrementa la inversión en I+D+i e investigación en un 5,6% y se favorecen las energías renovables y la eficiencia energética, ambiental o la mejora de la calidad del aire.

La política de infraestructuras recibirá un impulso relevante con una partida de más de 7.500 millones, con un incremento de un 26,9% en las partidas para la mejora de la red ferroviaria. En vivienda se aumenta el presupuesto un 41% para mejorar el acceso y fomentar la edificación.

Las partidas para Cultura, que la ministra ha calificado como "elemento primordial", subirán un 9,7%, y la financiación territorial para las comunidades autónomas alcanzará los 110.419 millones, mientras que será de más de 19.000 millones para las corporaciones locales.

La economía española crecerá el 2,2%

Durante la presentación de la actualización del cuadro macroeconómico en el que se sustenta el proyecto de Presupuestos, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha anticipado que el Gobierno confía en que la economía española mantenga en 2019 una tasa de crecimiento sólido, superior a la prevista para la zona euro. Además, ha explicado que se ha revisado una décima a la baja la previsión de crecimiento en 2019 -que se estima en el 2,2%- por el mayor ajuste fiscal exigido para reducir el déficit público hasta el 1,3%.

Calviño ha explicado que los últimos indicadores publicados "son más positivos de lo esperado", por lo que la economía española inicia 2019 con "una dinámica muy positiva", según constatan tanto el Gobierno como todos los organismos de previsión nacionales e internacionales.

La ministra ha argumentado que la inflación está contenida, lo que favorece la sostenibilidad del crecimiento a medio plazo, los precios del petróleo han caído, la tendencia del mercado laboral es positiva y la renta disponible de los ciudadanos aumentará gracias a decisiones ya adoptadas por el Ejecutivo, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, de las pensiones y de los salarios públicos. Todos estos elementos, ha dicho, tendrán un impacto favorable en el consumo, sobre todo en la primera parte de 2019.

De acuerdo con las proyecciones del Gobierno, Nadia Calviño también ha avanzado que la tasa de paro se reducirá del 15,5% al 14%, con la creación de unos 800.000 puestos de trabajo en el conjunto de 2018 y 2019.

La titular de Economía y Empresa ha defendido que la aprobación de estos presupuestos es importante para dar "claridad, certidumbre y reforzar la confianza que los mercados financieros internacionales están teniendo en nuestro país". Además, ha resaltado el compromiso del Gobierno con "la disciplina presupuestaria, pero también con un crecimiento más justo y sostenible".

Brexit

El Gobierno ha presentado un informe sobre la planificación de contingencia para la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo.

La portavoz del Gobierno ha informado de que se han articulado tres líneas de acción: normativa, logística e informativa. La acción normativa se canalizará a través de un Real Decreto-ley que se aprobará previsiblemente el próximo mes de febrero y abordará, entre otros, aspectos relativos a la ciudadanía, Seguridad Social, asistencia sanitaria, reconocimiento de títulos académicos, el sector financiero y aduanas.

La acción logística contempla las necesidades adicionales de personal y medios materiales para el caso de tener que tratar súbitamente al Reino Unido como un tercer país.

La acción informativa se dirige a facilitar a la ciudadanía y a las empresas el conocimiento y las implicaciones de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

Isabel Celaá ha enviado un mensaje de tranquilidad a los actores sociales, económicos e instituciones a los que pueda repercutir el Brexit: "El Gobierno envía un clarísimo mensaje de calma, de certeza, porque está preparado para todos los escenarios, sea de retirada con acuerdo, que sería mucho más deseable, o de retirada sin acuerdo".

Otros acuerdos

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la normativa comunitaria que establece que los mercados interiores de gas natural y electricidad sean totalmente independientes. Con este ajuste legal, España adopta un marco regulatorio estable y garantiza seguridad jurídica a los ciudadanos y a los agentes del sector energética.

El Ejecutivo ha estudiado el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación. La futura ley obligará a intentar solucionar los conflictos civiles y mercantiles más comunes mediante la participación de un mediador antes de acudir al juez. De esta forma se agilizarán y abaratarán los procedimientos y se aliviará la carga de trabajo de los juzgados.