El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se crea el Fondo COVID-19 de 16.000 millones de euros para las comunidades y ciudades autónomas, con el fin de financiar los gastos derivados de la crisis sanitaria y económica por la pandemia, en especial en el sistema sanitario, se incrementarán las partidas en educación, se compensará la caída de ingresos fiscales y se garantizará la prestación de servicios públicos esenciales.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha subrayado que este fondo supone la mayor transferencia de recursos del Gobierno a las comunidades y ciudades autónomas realizada hasta ahora, al margen del sistema de financiación, y que se trata de un fondo no reembolsable: "No tendrán que devolver el dinero, no va a incrementar su deuda pública ni va a generar intereses a abonar al Estado español”.

Montero ha incidido en que el fondo refleja la apuesta del Gobierno por la sanidad y la educación como piezas angulares del crecimiento y del bienestar social, con independencia de cuál sea la administración que ejerza esas competencias: "Sin una sanidad fuerte, pública, universal; sin un sistema educativo que responda a las necesidades de nuestra sociedad, no avanzaremos en la recuperación que necesitan España y Europa".

Asimismo, ha dicho, pone de manifiesto que el Gobierno cree firmemente en el Estado de las autonomías y las dota de recursos.

Criterios de reparto

María Jesús Montero ha avanzado que más de la mitad del fondo, 9.000 millones de euros, se destinará a gasto sanitario para reforzar las plantillas y los sistemas de salud con el objetivo de que estén en condiciones de actuar de forma temprana ante la aparición de cualquier nuevo brote de coronavirus; 2.000 millones cubrirán las necesidades del sistema educativo y 5.000 millones compensarán la caída de la recaudación de los impuestos propios de las comunidades y la caída de viajeros en su transporte público.

Si estas cifras las trasladamos a Ceuta, de los 25 millones de euros, corresponderían 3,12 a educación, 14,06 a sanidad y 7,81 a la caída recaudatoria de impuestos y a la caída del trasporte público.

El fondo se divide en cuatro tramos

El primer tramo, de 6.000 millones, se abonará en julio y se repartirá en función de la incidencia del virus en los territorios: ingresos en UCI, pacientes hospitalizados, PCR totales realizadas, así como población protegida equivalente. Se tomarán como referencia los datos a 30 de abril.

El segundo tramo, contempla los 3.000 millones restantes de gasto sanitario. Se repartirán en base a los mismos parámetros, pero con diferentes ponderaciones y se abonara a 31 de octubre.

El tercer tramo de 2.000 millones reservado a la educación se abonará en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. En este caso, el 80% del importe se distribuye en función de la población de 0-16 años de cada comunidad, y el 20% restante por el número de habitantes de 17 a 24 años. Es decir, este 20% va más dirigido a cubrir las necesidades de la educación universitaria.

El cuarto tramo, dotado con 5.000 millones de euros se dividirá en dos: 4.200 millones se distribuirán en función de peso de la recaudación en los años 2017, 2018 y 2019, con un ajuste de población; 800 millones se destinarán a financiar el déficit adicional que ha sufrido el transporte público autonómico motivado por las medidas adoptadas durante el estado de alarma.

La portavoz también ha resaltado que el Real Decreto-ley permite, de manera excepcional, que las comunidades autónomas con superávit en años anteriores pendiente de aplicar puedan destinarlo a cubrir necesidades de financiación provocadas por la pandemia.