El Gobierno, de manera nunca suficientemente explicada, y desde luego sin ser capaz de demostrar las ventajas, ha decidido gestionar sus inversiones a través de los encargos al medio propio Tragsa. Esta decisión, no sólo ha supuesto un innecesario encarecimiento de las obras (estimado en ocho millones de euros hasta la fecha) sino que ha conllevado dos consecuencias negativas que ya se previeron en su día. Por un lado el debilitamiento de las empresas locales, y lo que es aún más grave, la “exportación” de los puestos de trabajo.

Para Caballas la empresa Tragsa, haciendo una interpretación “torticera e interesada” de la norma (computa los materiales de manera independiente de la mano de obra para cumplir “formalmente” la obligación ejecutar directamente el 51% en contra del criterio habitual de hacerlo conjuntamente), consigue “subcontratar” prácticamente la totalidad de la mano de obra con empresas en su mayoría peninsulares que no contratan a trabajadores de Ceuta.

Caballas considera que la Ciudad tiene mecanismos legales para evitar que se produzca este injusto fraude. Ceuta no se puede permitir el lujo de “exportar” los pocos puestos de trabajo que se crean. Esto, en la capital del paro, es una canallada.

Es por ello que en el próximo Pleno de la Asamblea Caballas instará al Gobierno de la Ciudad a que, en los encargos de obra que se hagan al medio propio TRAGSA, se incluya una cláusula según la cual se obligue a contratar de manera directa, y a través del Servicio Público de Empleo de Ceuta, a todos los trabajadores y trabajadoras necesarios para la ejecución de las obras, salvo para aquellos puestos de trabajo que requieran una cualificación muy concreta y especializada y previa justificación de esta condición.