Tras 20 días a la deriva, los 83 migrantes que aún seguían a bordo del barco español han podido pisar tierra firme en la isla italiana de Lampedusa. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha recordado que el Open Arms "no tiene permiso para rescatar" puesto que tiene "licencia para ayuda humanitaria y transporte de víveres, lo sabe el capitán", ha insistido, y se lo recordó "el Ministerio de Fomento, del que depende Marina Mercante". Por otra parte, la formación política liderada por Santiago Abascal ha anunciado que presentará hoy una denuncia contra la ONG española.

​83 migrantes seguían a bordo del Open Arms, a la deriva, a solo 800 metros de tierra firme. Tras 20 días de bloqueo, el fiscal de Agrigento (Sicilia), Luigi Patronaggio, ordenó la incautación del buque y el desembarco inmediato de los náufragos, después de realizar una inspección.

Poco antes de que se hiciese pública la orden del fiscal italiano, desde la base naval de Rota (Cádiz) zarpaba el buque de la Armada española Audaz: "En principio", la embarcación "continúa" su ruta hacia Lampedusa. "Lo que sé es que tengo que ir a Lampedusa y, una vez allí, ya recibiré instrucciones más concretas y, en función de cómo evolucione todo y lo que determine el Gobierno, así haremos", señalaba antes de partir el comandante del buque, Emilio Damiá.

Decenas de personas los recibieron con aplausos, y algún que otro abucheo, y algunos en el barco comenzaron a cantar el himno partisano italiano 'Bella Ciao'. Los náufragos descendieron las escaleras del Open Arms con dificultad, y tras despedirse, las autoridades les iban separando en pequeños grupos para trasladarles al centro de acogida de la isla, donde previsiblemente pasarán entre uno y dos días antes de ser enviados a otro centro del sistema nacional de acogimiento.

El fiscal Patronaggio llegó a Lampedusa en helicóptero acompañado de dos médicos. Allí, recordó que "la situación en el barco era explosiva, de máxima urgencia", y que investigaría si se ha cometido un delito del artículo 328 del Código Penal italiano, que castiga con hasta dos años de cárcel al funcionario que haya omitido el cumplimiento de un deber que, "por razones de justicia o de seguridad pública, de orden público o de higiene y salud, debe ser cumplido sin retraso".

EL OPEN ARMS SE ENFRENTA A SANCIONES DE HASTA 900.000 EUROS

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha recordado que el Open Arms "no tiene permiso para rescatar" y por lo tanto se enfrenta "a las sanciones pertinentes", que pueden ascender hasta los 900.000 euros. "Lo sabe el capitán", ha asegurado, "se lo recordó el Ministerio de Fomento, del que depende Marina Mercante".

En una entrevista en la Cadena Ser, Calvo ha indicado que "nuestro país es un Estado de derecho y las instituciones, poderes públicos y ciudadanos estamos sometidos todos a las leyes, nadie está a salvo de esto, incluido un barco". "El propio capitán reconoce cuáles son las condiciones de su buque", que no tiene permiso para rescatar, sino que "tiene licencia para ayuda humanitaria y transporte de víveres y ese es su cometido, esas son las condiciones en las que puede salir y puede operar". "Se lo recordó el ministro y en nuestro país todos sabemos lo que se puede hacer y lo que no", ha sentenciado.

"Hemos actuado con la coherencia de la seguridad y respeto a los derechos humanos, pero nos alegra que la solución de estas personas se haya resuelto", ha indicado. Asimismo, ha insistido en que han mantenido "infinidad" de contactos con las autoridades italianas para "ver si ellas adoptaban alguna decisión". La dirigente socialista ha precisado que dichos contactos se mantuvieron con los ministros de Transportes y Exteriores, sin haber llegado a hablar con el de Interior, Matteo Salvini, quien "dejaba todos los días claro qué opina de los migrantes y de los puertos", ha concluido.

VOX PRESENTA UNA DENUNCIA CONTRA LA ONG

Santiago Abascal ha anunciando que Vox presentará hoy una denuncia contra la ONG española ante la Fiscalía "por favorecer la inmigración ilegaly por el uso fraudulento de las leyes del mar".

"Disfrazando sus actos como 'rescates', la labor de esta 'ONG' la hace cómplice de las mafias internacionales del tráfico de personas que generan cada año millones de euros de beneficio. Este dinero lo utilizan para el cultivo del terror en sus países de origen, mientras promueven Europa como tierra de oportunidades", ha señalado el líder de la formación ultraderechista a través de Twitter.

Además, Abascal amenaza con actuar "con firmeza y contundencia" contra cualquier otra ONG, asociación o colectivo que siga el mismo patrón, lo que para Vox es fomentar "una inmigración ilegal, masiva y sujeta a los intereses de las mafias internacionales de la trata de personas", incluyendo incluso a "gobiernos", con clara advertencia al Ejecutivo español.