La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha visitado esta mañana dos centros de educación especial en la isla de Mallorca, el Son Ferriol y el Princesa de Asturias, y el Centro Integrado de Formación Profesional Juníper Serra. Alegría ha hecho hincapié en el trabajo de los centros de educación especial que con su “conocimiento pueden ayudar a los centros ordinarios a lograr la inclusión educativa”.

La ministra ha visitado en primer lugar el Centro de Educación Especial (CEE) Son Ferriol en compañía de la presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, y el consejero de Educación y Formación Profesional de las islas, Martí March, con los que mantuvo ayer tarde un encuentro institucional. Este centro público, que abrió sus puertas en el año 2000, acoge a 78 alumnos de educación especial básica y transición a la vida adulta.

Allí, Alegría ha insistido en que “para tener una educación inclusiva para todos los alumnos y familias que la deseen son necesarios recursos, pero también la experiencia de los centros de educación especial”.

Después, la ministra se ha desplazado al CEE Princesa de Asturias, que ofrece atención integral a personas con síndrome de Down y Trastorno del Espectro Autista y a sus familias. En la actualidad, el centro cuenta con 121 estudiantes matriculados.

Por último, la ministra ha visitado el Centro Integrado de Formación Profesional Juníper Serra, unas enseñanzas que constituyen una prioridad para el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en cuyo impulso y modernización trabaja desde 2018.

Refuerzo a la educación inclusiva

Durante su visita a Illes Balears, la ministra ha anunciado un nuevo Programa de Cooperación Territorial para reforzar la educación inclusiva, dotado con 43 millones de euros en el proyecto de presupuestos para 2022.

“Nuestra idea es avanzar hacia una educación inclusiva en la escuela ordinaria en todos los casos en que eso sea posible y conveniente”, ha señalado la ministra. “Eso nunca va a comprometer el futuro de los centros de educación especial, que seguirán prestando su valiosa e indispensable labor mientras siga siendo necesaria”, ha añadido.

El objetivo es reforzar las medidas de inclusión educativa tanto en los centros ordinarios como en los de educación especial, y hacerlo de manera integral atendiendo a la accesibilidad, los perfiles profesionales especializados, la orientación familiar y la atención temprana, la discapacidad sensorial, etc., para que todas aquellas familias que quieran escolarizar a sus hijos en centros ordinarios puedan hacerlo, tal como recomiendan las instituciones internacionales.

En España, en el curso 2019-2020, casi 750.000 alumnos y alumnas recibieron apoyo educativo; el 29,9% de ellos debido a necesidades derivadas de trastornos graves o discapacidad. La Ley de Educación, siguiendo los preceptos de organismos como la UNESCO, establece la inclusión educativa como uno de los principios que debe sustentar el sistema y señala que las administraciones deben proveer de los medios necesarios a las escuelas ordinarias para que puedan atender a los alumnos y alumnas con necesidades especiales que así lo deseen.

El Programa de Cooperación Territorial recogido en los presupuestos para 2022 distribuirá 43 millones de euros entre las comunidades autónomas para apoyar este refuerzo de la educación inclusiva.