La titular de Educación y portavoz del Gobierno ha recordado que la primera medida que puso en marcha su equipo nada más incorporarse al ministerio fue revertir los recortes educativos del Real Decreto Ley 14/2012. "En este momento, el texto se encuentra en el Congreso y lo tendrán en breve en esta cámara, ya que se tramitará de forma urgente para que esté plenamente vigente el próximo curso escolar. Este era un primer compromiso y lo hemos cumplido", ha resaltado Celaá.

Además, el Gobierno está impulsando una reforma integral de la profesión docente, que arrancó con un foro de reflexión el pasado 6 de octubre. "La iniciativa tiene su continuidad en las aportaciones que ya estamos recogiendo a través de la web que se abrió para promover la participación de todos los implicados en una meta tan relevante, cuyos resultados sintetizaremos en un documento en un plazo de tres meses", ha añadido la ministra. Para esta política de profesorado, Educación negociará con todos los sectores implicados, con el objetivo de llegar a un acuerdo tan amplio como sea posible.

En marcha la reforma de la LOMCE

La ministra ha recordado que, en estos cinco meses de gobierno, ha cumplido otro compromiso que adelantó en su comparecencia en el Congreso: derogar "los aspectos más negativos y segregadores" de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

"Hemos elaborado el anteproyecto de Ley para la Modificación de la Ley de Educación, sobre el cual se ha abierto la prescriptiva consulta pública y cuya tramitación ya ha comenzado con el objetivo de introducirlo en el Congreso en diciembre", ha indicado Celaá.

Entre las principales medidas que recoge el texto destaca la eliminación de los itinerarios de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y las reválidas previstas en la LOMCE. Así se recupera un único título que habilitará al finalizar la ESO tanto para cursar Bachillerato como Formación Profesional.

El anteproyecto también recoge iniciativas para hacer de la repetición una medida excepcional "dado su negativo efecto", y se regula la existencia de un plan específico para alumnos y alumnas que, no obstante, tenga que repetir curso, ha destacado la ministra. Una vez que el equipo del centro educativo dé el visto bueno al plan, un docente será el encargado de hacer un seguimiento del estudiante. En esta misma línea se implantará un plan individualizado con orientación académica y profesional para el alumnado que abandone el sistema educativo sin el título de secundaria obligatoria.

En el marco de los Acuerdos con la Santa Sede, la norma regula el ejercicio del derecho a una enseñanza de la religión confesional, sin que obligue a una asignatura alternativa ni interfiera en la nota media obtenida con el resto de las enseñanzas académicas.

Además, la norma busca hacer real y efectiva la participación de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos, equilibrando las competencias del director o del titular, y del Consejo Escolar.

Apuesta clara por la FP

La ministra también ha destacado el compromiso decidido del Gobierno con la Formación Profesional. "El modelo económico que nuestro país demanda, basado en el conocimiento y en la innovación, debe apoyarse en la FP como herramienta clave para potenciar el capital humano y su empleabilidad", ha afirmado Celaá.

"El foro de encuentro que, con el impulso del ministerio, se realizó ayer, en el que el presidente del Gobierno volvió a mostrar el compromiso del Ejecutivo con este importante proyecto, fue un llamamiento para aunar esfuerzos desde las administraciones, las universidades, los centros de FP, los agentes sociales y, muy especialmente, las empresas", ha resaltado.

El Ejecutivo ya está trabajando para desarrollar una oferta que dé una respuesta real a las necesidades reales del sistema productivo. En esta línea, ya se ha iniciado la revisión del procedimiento de acreditación de competencias profesionales a través de la experiencia profesional. También se ha reactivado el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, y el Ministerio de Educación y FP pretende agilizar el diseño de las cualificaciones y su transposición en títulos formativos.

"Hemos convocado el Consejo General de Formación Profesional a través del cual, patronales y sindicatos pueden actuar como agentes activos y canalizadores del proceso", ha declarado la ministra.

El objetivo es acortar los plazos de tramitación de las cualificaciones profesionales y sus títulos para que las necesidades de formación se satisfagan en el menor tiempo posible. Además, la reactivación del Observatorio Profesional del Instituto Nacional de las Cualificaciones potenciará la continua actualización del catálogo de cualificaciones.

Mayor dotación a las becas

La ministra ha concluido su comparecencia refiriéndose a las becas. "Durante los años en que más tenían que haber servido para paliar los efectos de la crisis en lo que afecta a algo tan esencial como la educación de niños y jóvenes, la reforma de 2013 ha producido una caída de hasta el 30% de las becas", ha recordado la titular de Educación.

Como primera medida, en la convocatoria de becas de este año, la cuantía fija de los becarios de familias con rentas más bajas se ha incrementado en 100 euros, sin que esto haya implicado la reducción de la cuantía recibida por ningún becario. De este aumento se benefician ya 250.000 becarios y becarias.

Además, se está revisando el modelo actual de becas. "Tanto el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades como yo misma nos hemos dirigido por carta a todos los órganos colegiados que forman parte del Observatorio de Becas pidiéndoles que designen representantes para reactivar este observatorio de manera inmediata", ha indicado.

La ministra ha recordado el acuerdo del Gobierno firmado con Podemos para el presupuesto de 2019, que contiene un incremento para becas, un incremento que ya está reflejado en el proyecto de Presupuestos.

Por último, Celaá ha reiterado su voluntad de diálogo. "Este Gobierno tiene una predisposición continua al diálogo. La colaboración y el respeto siempre suman, aunque procedan de principios o posicionamientos diferentes. No podremos construir una educación para el futuro si no somos capaces de llegar a acuerdos que den estabilidad al sistema educativo. La sociedad nos lo demanda", ha concluido.