La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha anunciado hoy que el Ministerio que dirige está manteniendo reuniones bilaterales con las comunidades autónomas para incorporar buena parte de sus aportaciones a los borradores de los currículos de Infantil y Primaria. Lo ha hecho en la Comisión del Congreso, donde ha comparecido para explicar cuáles son los objetivos de su gestión y los planes de actuación que va a poner en macha para solucionar los problemas del sistema educativo y lograr una educación mejor, más justa y de más calidad.

Participación, diálogo, coordinación y cogobernanza. Esos son los principios clave que regirán la gestión de Pilar Alegría al frente del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) “a fin de alcanzar los mayores consensos posibles” con “la mirada puesta en crear mejores condiciones para el desarrollo de la docencia, el aprendizaje y la convivencia en las aulas”.

Consenso y participación en el desarrollo de la Ley de Educación

El Ministerio dirigido por Alegría se encuentra inmerso en el desarrollo normativo de la Ley de Educación aprobada en diciembre de 2020. Una tarea centrada ahora en la elaboración del nuevo currículo, que se está construyendo con las aportaciones de la comunidad educativa y, también, de las comunidades autónomas tanto en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación como a través de reuniones bilaterales.

La ministra ha reiterado su “total disposición” a “ampliar todo lo posible el apoyo” a este currículo.

El resultado de este trabajo serán los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas, que se promulgarán en los próximos meses, y los currículos básicos de ESO y Bachillerato, que posteriormente darán lugar a los currículos de las distintas comunidades autónomas para todas las etapas educativas.

El desarrollo de este nuevo currículo competencial, práctico y basado en aprendizajes más profundos hace necesario renovar también la evaluación: construir nuevos instrumentos que se ocupen del proceso de adquisición de competencias por parte de alumnas y alumnos a través de la evaluación en el aula y de las evaluaciones generales del sistema educativo (desaparecidas en 2010), que se diseñarán y aplicarán en los próximos cursos.

Además, Pilar Alegría ha anunciado su intención de elaborar con las comunidades autónomas un mapa de indicadores de la educación y la formación, complementario a los objetivos establecidos por la Unión Europea, que permita a cada territorio establecer sus metas y logros en función de su contexto y características y que sirva para orientar la toma de decisiones para mejorar la educación en España.

“Hacerlo juntos y trabajar para contribuir a unos objetivos comunes es un acto de responsabilidad y de lealtad, no solo institucional sino, sobre todo, con nuestros ciudadanos, que reclaman insistentemente acuerdos y consensos en educación”, ha destacado la ministra.

Una ley que prestigie las Enseñanzas Artísticas

La ministra ha anunciado que el próximo año presentará una norma que regulará las condiciones básicas para la ordenación y organización de las enseñanzas artísticas superiores, que contará con las aportaciones del sector y de todos los órganos de participación.

“Es el momento de reconocer el papel fundamental que estas enseñanzas tienen en nuestra sociedad”, ha explicado la titular de Educación. “Es preciso darles el reconocimiento y el prestigio acordes con su contribución fundamental a nuestra civilización y a nuestra cultura”, ha añadido.

También en 2022, en enero, la ministra presentará una propuesta relativa a la formación inicial, el acceso y el desarrollo profesional de los docentes a quienes, ha subrayado la ministra, “tenemos que prestar la máxima atención” ya que “les debemos todo lo bueno que tiene y ha tenido nuestra educación”.

La reforma de la carrera docente, tal y como ha señalado Alegría, “debe ser duradera y proporcionar estabilidad, por lo que solo saldrá adelante con una imprescindible negociación y un necesario acuerdo”.

Un Plan para avanzar en el derecho a una educación inclusiva

La inclusión educativa es uno de los principios que debe sustentar el sistema, tal y como establece la Ley de Educación. Las administraciones deben proveer de los medios necesarios las escuelas ordinarias para que puedan atender a los alumnos y alumnas con necesidades especiales que así lo deseen y siempre con el acuerdo de las familias.

“Una mayor inclusión escolar es el camino correcto para asegurar el máximo nivel de inclusión social a lo largo de la vida para la mayoría de los niños y niñas con necesidades especiales”, ha señalado la ministra.

Al mismo tiempo, los centros de educación especial seguirán desarrollando su imprescindible labor con todos aquellos niños y niñas que necesiten un nivel de apoyo imposible de prestar en un centro ordinario. “Las familias de los 38.000 alumnos y alumnas que van a centros de educación especial pueden estar tranquilas”, ha recalcado Alegría.

Mejorar la atención a todos los alumnos con necesidades especiales fomentando la educación inclusiva está en línea con las recomendaciones de organismos internacionales y con el derecho reclamado por muchas familias. Este reconocimiento se plasmará en un Plan elaborado a partir de los resultados del Grupo de Trabajo de inclusión educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el que trabaja el Ministerio con las comunidades autónomas.

Una escuela mejor y más justa

Los dos ejes principales de la política educativa del Gobierno son calidad y equidad. Tal y como ha explicado la ministra, el objetivo es desarrollar “una política educativa que haga posible que las niñas y niños tengan acceso pleno a una buena educación sin lastres ni barreras” y que, a la vez, “aporte los recursos económicos necesarios, promueva la renovación pedagógica y favorezca la mejor formación de los docentes”.

La política de becas es una de las principales herramientas para lograr la equidad del sistema educativo. Desde 2018, el Gobierno ha incrementado el presupuesto para estas ayudas en casi un 40% hasta superar los 2.000 millones en la actual convocatoria, lo que va a permitir aumentar el número de beneficiarios en más de un 24%.

“Hace falta un modelo educativo que tenga en cuenta la realidad de que la desigualdad comienza en la escuela porque viene en la mochila de los niños y niñas”, ha explicado Pilar Alegría. “Una educación que dé más apoyo a quien más lo necesita para que todos obtengan ese nivel educativo imprescindible y suficiente que las administraciones públicas estamos obligadas a proporcionar”.

Más Formación Profesional, más futuro para los jóvenes

El proyecto de Ley de Formación Profesional, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, es el hito inmediato más importante del MEFP y “uno de los proyectos más urgentes desde el punto de vista educativo y más convenientes desde el punto de vista social”, en palabras de su titular.

Se trata de un texto que nace de un amplio consenso, que consolida y ordena un sistema único de Formación Profesional dirigido a estudiantes y trabajadores (ocupados y desempleados) para facilitar itinerarios formativos a lo largo de la vida profesional de las personas.

La futura ley, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 7 de septiembre, nacerá con una financiación de 5.474 millones de euros para su puesta en marcha, de los cuales 1.550 millones proceden del Plan de Recuperación. Alegría ha transmitido a los miembros de la Comisión su “máxima disponibilidad para perfeccionar el proyecto” que puede ser “una de las respuestas más eficaces para dar esa oportunidad que le debemos a una generación de jóvenes para tener acceso a un empleo digno y de calidad”.