Plena inclusión España se une a la postura manifestada por la Plataforma del Tercer Sector (PTS) y el CERMI en la línea de reclamar al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que no limite el apoyo económico público al Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal. Esta petición llega en medio de una crisis sanitaria, social y económica en la que el tejido asociativo está totalmente volcado en la atención de los colectivos más vulnerables.

La Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha notificado al Tercer Sector su intención de reducir el tramo estatal de la recaudación del 0,7 del IRPF de interés social, que es la fuente fundamental de financiación de las entidades de acción social estatales. Además, ha avanzado, tal y como se informa desde la PTS, que ya no destinará la recaudación del 0,7 % del Impuesto de Sociedades (el de la casilla de fines sociales), exclusivamente para financiar proyectos presentados por entidades de acción social estatales tal y como señala la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado.

El trabajo y la dedicación entregada de las ONG del Tercer Sector de Acción Social son básicas en la ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad social, mucho más durante la pandemia. El reconocimiento a esta labor debería garantizarse asegurando condiciones económicas y jurídicas suficientes para que el Tercer Sector pueda seguir manteniendo una respuesta de calidad que atienda a la población que más lo necesita. Por esto, la PTS ha criticado la decisión del Gobierno ya que con estas decisiones se debilita aún más las respuestas y los instrumentos de las políticas públicas de atención social.

Todavía sorprende mucho más que la toma de postura del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con la que se profundiza en la reducción de la capacidad de las entidades de acción social estatales para responder a las demandas de los colectivos más desfavorecidos se haya manifestado en medio de la mayor crisis económica y social vivida por España en décadas. La pandemia y el confinamiento han hecho aumentar las demandas de atención dirigidas al tejido asociativo allí donde el Estado no llega.

Desde la Plataforma del Tercer Sector también se pone el acento en la reducción de los fondos financieros ya consolidados, algunos comprometidos desde 2018, pero no ejecutados, como los derivados del 0,7 % del Impuesto de Sociedades, cuando el Tercer Sector de Acción Social es el único que no ha recibido ningún tipo de ayuda pública adicional como consecuencia de la pandemia.