El presidente de Plena inclusión España, Santiago López, ha planteado esta misma mañana a la secretaria general de Políticas de Inclusión, Milagros Paniagua, el temor del movimiento asociativo de referencia en el sector de la discapacidad intelectual o del desarrollo de que las 470.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias pueda, quedar fuera del proyecto de ingreso mínimo vital que está elaborando el Gobierno y del que se espera su inminente puesta en funcionamiento.

“Estamos preocupados porque muchas familias se ven empobrecidas al afrontar el sobrecoste económico que supone cubrir las necesidades de apoyo de la persona con discapacidad intelectual, a lo que ahora hay que añadir la profunda crisis económica y laboral derivada del COVID-19”, ha recordado López en la reunión mantenida hoy la representante del Ministerio de Inclusión. Precisamente por esta vulnerabilidad derivada de la relación entre pobreza y discapacidad, desde Plena inclusión se ha insistido ante el Gobierno sobre la gran oportunidad que ahora se presenta para atender necesidades urgentes de un colectivo que alcanza casi el medio millón de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. “Es preciso introducir mecanismos correctores a la hora de diseñar el ingreso mínimo vital que permitan alcanzar una igualdad de resultados para las personas con discapacidad, en cumplimiento del principio de asignación equitativa del gasto público”, explica el presidente de Plena inclusión aludiendo a la Constitución Española.

Plena inclusión ha realizado un estudio junto a la consultora especializada, Fresno Consulting, que evidencia la situación de invisibilidad de cara a las ayudas públicas que sufre el colectivo de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down). Este estudio fue presentado en el CERMI.

El presidente de Plena inclusión ha presentado a la secretaria general del Ministerio de Inclusión una serie de iniciativas que se han diseñado para incorporar a estas personas a medidas inclusivas recogidas en el proyecto del ingreso mínimo vital sobre el que trabaja el Gobierno de Pedro Sánchez. Entre las propuestas presentadas por Plena inclusión España al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destacan:

• Reconocimiento a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como unidades familiares independientes de sus familias, para evitar su invisibilidad y la sobrecarga económica de las familias.
• Exención para el cálculo del límite de ingresos de las prestaciones por hijo hija a cargo menor de edad.
• Definición de unos umbrales de renta más elevados para el acceso al ingreso mínimo vital.
• Incremento de la cuantía de ingreso mínimo para este colectivo.
• Aumento de la cuantía de los complementos para hijos o hijas menores con discapacidad de más 33%.
• Incentivos al empleo en el ingreso mínimo vital más intensos y duraderos.