Según el portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán, la atención que ha dispensado la Ciudad a los inmigrantes en situación irregular y transfronterizos anclados en Ceuta, 281 adultos y menores, durante todo el estado de alarma, tras el cierre de la frontera con Marruecos, ha supuesto un coste diario de más de 30 euros por persona, desde el 17 de marzo, hasta su cierre, el 5 de junio. Recordemos que ahora un grupo de 108 personas, se encuentran en una nave del polígono El Tarajal.

Gaitán ha recordado que, debido a las restricciones a la libre movilidad, la Ciudad prestó el respaldo solicitado por la Delegación del Gobierno para albergar y confinar a los transfronterizos e inmigrantes que deambulaban por la calle, habilitándose unos polideportivos tras la no aprobación en otros espacios.

El portavoz ha indicado que, la recuperación de los polideportivo para su uso habitual, supondrá un coste, pues es necesario reparar desperfectos, la mayor parte ocasionados por averías, aparte del necesario mantenimiento, incluida pintura, por el uso prolongado y continuo de estas instalaciones, las cuales se está llevando a cabo su desinfección y limpieza general, para que en septiembre este operativo.

En la actualidad, la Ciudad acoge a más de 450 menores

En lo relativo a la atención a los MENA, el portavoz ha desgranado que, en la actualidad, la Ciudad acoge a 456 menores en cinco lugares diferentes. Por otro lado, se ha registrado un aumento del número de menores desde agosto del año pasado.

La atención a estos menores supuso un coste para la Ciudad alrededor de 10 millones de euros, de los cuales sólo 2,3 fue transferido por el Estado mediante subvenciones nominativas. La previsión, según el Ejecutivo es que el gasto puede superar los 12 millones de euros.

Gaitán recuerda, las reiteradas peticiones semanales del Gobierno de la Ciudad a la Delegación del Gobierno de Ceuta, para que los menores puedan retornar a Marruecos, siguiendo el Acuerdo de Rabat del 6 de marzo de 2007, y estableciendo en su artículo 4 que, España proporcionará a Marruecos, en el plazo de un mes a partir de la entrada ilegal del menor, toda la información del mismo objeto de las medidas de protección. Este envío se paralizó desde el decreto del estado de alarma, al no tener constancia de entrada de ningún menor. Desde final de enero se han remitido 182 informes a Delegación del Gobierno.