El próximo lunes, 15 de junio, aproximadamente 850.000 familias van a demandar el Ingreso Mínimo Vital, cuya gestión recaerá en el Instituto de la Seguridad Social. Sin embargo, las Administraciones locales también deberán intervenir y la previsión es que los Servicios Sociales se vean saturados.

De acuerdo con el borrador, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes serán los que inicien el expediente administrativo de cada solicitante, pero el documento no incluye una partida destinada a que los entes locales puedan reforzar y ampliar sus plantillas de Servicios Sociales y así lo destaca VOX. Y no habrá más recursos para personal, a pesar de que entre las tareas de los ayuntamientos estará “comprobar de oficio” las condiciones económicas de cada familia, “comprobar el cumplimiento de las obligaciones” y “elaborar informes” que servirán para determinar las sanciones de los incumplidores.

Ante esta situación, la congresista de VOX por Ceuta Teresa López, cuestiona por qué el Gobierno decide cargar con ese trabajo a los Servicios Sociales de los ayuntamientos cuando ya se encuentran saturados de trámites de ayudas locales. La parlamentaria pregunta al Ejecutivo de Pedro Sánchez si “ha adoptado estas medidas de forma consensuada con los ayuntamientos” y si es “consciente” de que el IMV “exigirá hacer comprobaciones y seguimiento de cada una de las ayudas”, lo que “va a conseguir cargar desmesuradamente a los profesionales de Servicios Sociales”.

Por otro lado, interpela al Gobierno si “tiene previsto dotar de recursos económicos y personales a los ayuntamientos como consecuencia de tener que asumir la carga de tramitar los expedientes que se generen de solicitud del IMV”. Además, la diputada nacional pregunta si se ha sopesado “los problemas económicos que puede acarrear a los ayuntamientos la falta de refuerzo de los Servicios Sociales como consecuencia de la gestión de este ingreso”.