La Comisión de Seguridad Social y Trabajo aprueba por unanimidad la moción que insta al gobierno a presentar una regulación laboral a las personas que trabajan para plataformas digitales.

El senador por Ceuta, Muñoz Arbona, defendió en dicha comisión una mayor participación de los diferentes agentes sociales, ampliando a asociaciones y fundaciones especializadas en dicho ámbito.

La sentencia 2924/2020, de 23 de septiembre del Tribunal Supremo del pasado año declaró la existencia de una relación laboral entre un repartidor “rider” (repartidores) y la empresa “Glovo”, plataforma digital a la que prestaba sus servicios.  La Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, María Emilia Casas, manifiesta que en la actualidad está afectada por transformaciones socioeconómicas de envergaduras desconocidas, aceleradas y continuas que exigen una respuesta. Su adaptación, su futuro es tema capital para la vida y bienestar de las personas, la distribución de la riqueza, la inclusión social y la organización y cohesión de nuestras sociedades.

Las nuevas realidades digitales, los fenómenos de descentralización productiva, de empresas multiservicios, así como los procesos de digitalización, están produciendo en el mundo empresarial y del trabajo importantes transformaciones que tenemos que abordar desde el ámbito normativo, más aún si cabe en los grandes cambios que ha producido el covid-19.

El pasado diciembre se presentó en la mesa del Senado dicha moción, a la que todos los partidos el día de ayer adhirieron y votaron que sí por unanimidad. El senador David Muñoz, portavoz de la enmienda popular a la moción socialista redundó en la ampliación del dialogo social en la búsqueda de soluciones, y la importancia de la participación Agentes sociales como: Confederación de Empresarios, Cámara de Comercio Industria y Navegación, sindicatos, patronal, y otras fundaciones y organizaciones de la rama o ámbito en cuestión.  Ya que este colectivo, que se autodenominan: “Ni autónomos, ni trabajadores” también refrendan dialogo entre los sindicatos y la patronal. David Muñoz se sumó a dicha propuesta, pero con la toma en consideración del “papel importante de las asociaciones y fundaciones expertas como agentes que contribuyen al bienestar social”.

El Senador Muñoz recordó al portavoz socialista que el gobierno debía actualizar el Plan Director por un Trabajo Digno (Resolución del 27 de julio de 2018) para los años 2018- 2019 – 2020 ya que en la actualidad está desfasado. Dicho plan especifica en cuanto a sus medidas:  Reforzar los Medios humanos y materiales del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, establecer el modelo integral de Inspección de Trabajo y que por tanto abarca materias muy diversas como la Prevención de Riesgos Laborales, Relaciones Laborales, Seguridad Social, Empleo e Igualdad.  Ampliando no solo los efectivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los responsables políticos, sino que también los agentes sociales y la sociedad en su conjunto en la que incidió el senador ceutí.

Además de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), nombró “La Carta de Derechos Digitales” de 19 de diciembre de 2020 que, aunque no fuera vinculante, planteaba la necesidad de relaciones bilaterales desde las administraciones de las Comunidades y Ciudades Autónomas y la Administración General del Estado, y que fue sometida a consulta pública.  El senador Muñoz Arbona basó sus argumentos partiendo de fuentes legislativas y científicas como: la Carta de Derechos Digitales de España, uno de los compromisos fundamentales del plan España Digital 2025 elaborada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital, en la que imperan “Los derechos fundamentales y libertades reconocidos en nuestra Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España están garantizados en el entorno o espacio digital”, abierta hasta el 20 de enero de 2021. 

En la defensa de enmienda del GPP argumentó que bajo dicha base legislativa, se fundamentaba que “todas las personas poseen idénticos derechos en el entorno digital y en el analógico sin perjuicio de las limitaciones que de acuerdo con la Constitución y las leyes pudieran establecerse atendiendo a las peculiaridades de cada ámbito”, en este caso en el repartidores de plataformas digitales, y con las especificidades de los derechos en el entorno digital, garantías y promoviendo la igualdad en el ecosistema digital.

Tal como fundamentan fuentes como el Congreso “Los actores de las políticas sociales en contextos de transformación”, David Muñoz argumentó que:

“Se debería buscar un equilibrio y consenso entre la defensa de la propiedad intelectual, en este caso industrial, de estas empresas, en cuanto son activos para éstas y el de los trabajadores, recogido en sus estatutos, para poder conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, en este caso los algoritmos digitales”.

Sobre el papel de los Agentes Sociales en las políticas sociales: sindicatos y organizaciones empresariales, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Pública de Navarra. La aportación que los agentes sociales en un sentido amplio deben tener, en nuestro sistema público de servicios sociales, identificando algunos de los cambios que a este respecto empiezan a producirse en el actual contexto de crisis y reestructuración del Estado del bienestar. Así como el Proyecto de Investigación de Comisión europea.  “MOTOrcycle Rider Integrated SafeTy” realizado durante los años 2014 – 2018) en la que, de trabajo de investigación, en la que se exponían el gran peligro que supone esta profesión en riesgos laborales, como víctimas de accidentes, aunque era positiva para la descongestión de las ciudades y fomentar las ciudades sostenibles sin contaminación contemplada en los ODS 2030.

El Ministerio de Trabajo quiere obligar a las plataformas como Glovo y Deliveroo a abrir sus algoritmos a los sindicatos para defender a los “riders” dando un máximo de tres meses a las plataformas como Glovo, Deliveroo, Stuart o Uber Eats, para convertir en asalariados a los repartidores.

El senador  popular, ante la publicación del  próximo el Real Decreto Ley para convertir en asalariados a los repartidores, en los que se pretende permitir a los representantes sindicales tener acceso a los algoritmos de las plataformas digitales de reparto, y que el gobierno tiene previsto darle salida cuánto antes, “independientemente de que logre o no el apoyo de los agentes sociales, con los que sigue negociando cuestiones técnicas” instó a “no dejar fuera los agentes sociales, sería un gran error, tanto por el beneficio de los trabajadores y de las empresas.”

La inteligencia artificial se abre paso en la justicia española, en la que los juristas y el Gobierno aceleran la aplicación de los algoritmos para agilizar procesos a la espera de la regulación europea, así se lleva en un trabajo multidisciplinar entre: los Patronos de la Fundación Fial; la Decana del Colegio de Registradores.; el Magistrado del Supremo y la Presidenta del Consejo General de la Abogacía.

La importancia de los agentes sociales como “interlocutores técnicos”, junto a los trabajadores, “deben tomar en cuenta fundaciones muy puntera en inteligencia y economía digital, relatando el futuro del sector de economía digital en ciudades como Ceuta, apoyando el desarrollo de nuestra ciudad autónoma. Fundaciones como Fial; Ethia. Funfacion OdiseIA, fundadora del: Observatorio del impacto social y ético de la inteligencia artificial, son referentes en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, a punto de presentarte: 

Como organismos de pensamiento y acción sin ánimo de lucro formado por empresas, instituciones y personas físicas que velan por el buen uso de la Inteligencia Artificial Legal en el mundo empresarial directa o indirectamente con empresas públicas o privadas, asociaciones, fundaciones o administraciones públicas.

El senador expuso que existe una Relación Univoca entre: La Empresa – Plataforma Digital, App y el trabajador, debiendo haber una Responsabilidad contractual como conjunto de consecuencias jurídicas que la ley le asigna a las obligaciones derivadas de un contrato. Los trabajadores tienen derecho a conocer los algoritmos, porque no saben cómo funcionan, la forma en los que los pueden penalizar las plataformas digitales, y a su vez esto hace colisionar con el Derecho de Propiedad Industrial:

• La Empresa Digital, implementa decisiones automatizadas.
• El apoyo al derecho de los trabajadores para conocer las decisiones automatizadas de su trabajo, a los algoritmos de sus empresas.

Por ello hay que abogar en que debe haber transparencia en dichos Algoritmos, como sistemas de organización y control del trabajo, estudios de tiempos, abogando al diálogo y puesta en común.  Como expuso David Muñoz “para el futuro Real Decreto Ley habría que integrar y contar con expertos y asociaciones/fundaciones de este ámbito, y encontrar puntos de encuentro entre profesionales del dato, tecnólogos y trabajadores, mediante una “Inteligencia Artificial Responsable”.  En el que expuso ejemplos de diferentes países europeos como Malta, que por su régimen fiscal posee un sistema de certificaciones, sellos, sobre algoritmos (auditorías externas o internas, expertos…)

David Muñoz expuso la importancia de que:

"Una regulación seria y multilateral apoyando a los derechos de los trabajadores que están expuestos a grandes riesgos, como a las empresas de la restauración, hostelería y comercio”.

Desde el grupo de Trabajo del GPP en el Senado en cuanto a economía y transición digital expuso que “este sector aportó a la economía española 708 millones de unos en el 2019, por lo que abogaba por un dialogo multilateral y transversal”  El senador, que se encuentra hoy en el XXV Pleno del Senado, mostró su más sentido pésame por el repartidor Nextor Alexander Pérez, de 48 años, jurista de formación, que murió trágicamente ejerciendo su trabajo con una “cuenta realquilada a Deliverro”,  al igual que a todas las víctimas de los accidentes de trabajo y del trágico covid 19”.