La Sección Sindical de UGT exige al Gobierno legalidad y transparencia.

La FeSP-UGT en la Ciudad Autónoma de Ceuta lleva años denunciando que los principales puestos en cualquier Administración y que deben velar por la legalidad y la transparencia llevan dos décadas, es decir, todo el tiempo de mandato del Presidente Vivas OKUPADOS por personas que carecen de la cualificación profesional para desempeñarlos y por tanto los que deben controlar la gestión al señor Vivas dependen únicamente de su voluntad política en estos cargos que son retribuidos generosamente.

En el caso de la secretaría General, dicha plaza no ha sido jamás convocada por concurso durante el mandato del presidente Vivas, por lo que ignoramos la persona que la OKUPA en calidad de qué la mantiene y si sus actos tienen alguna validez, por eso ya nos hemos dirigido al Gobierno para que nos lo aclare. En el caso de la Intervención es tan grave o quizás más aún. Porque la persona que la OKUPA no es tan siquiera funcionario de habilitación nacional. Resultando que el puesto de menor importancia, que es el de tesorero, si está correctamente ocupado por un funcionario de habilitación nacional que es Interventor de Clase Superior y que debería por tanto, mientras se convoca el concurso llevar las funciones de Interventor con todas las de la ley.

Hay quien pensará que diantres hace un Sindicato metido en cuestiones que deberían ser más propios de los partidos de la Asamblea. La respuesta es bien sencilla. En primer lugar no vemos a ningún grupo parlamentario que se haya ocupado de estas graves cuestiones. En segundo lugar esto si tiene importantes repercusiones en los empleados públicos de la Ciudad. Todas las competencias en materia de personal están en manos del Gobierno cuyos actos informa y certifica una secretaria General OKUPA.

En cuanto a la intervención, el interventor OKUPA pone toda clase de pegas y trabas a cuestiones que afectan a empleados públicos indefensos ante sus actos. Ponemos como ejemplo que anualmente nos hurtan 220.000 euros que nos corresponden para nuestro plan de pensiones, porque salen de nuestra masa salarial consolidada y que la Intervención OKUPADA se niega a revertir a su destino legítimo. Mientras tanto no encuentra ningún problema en que el Señor Vivas sea el cuarto alcalde mejor retribuido de España, superando en más de veinte mil euros su límite legal, o les pague la indemnización por residencia o se esté pagando a siete viceconsejeros y 16 directores generales más una subdirectora general cuando no existe consignación presupuestaria para ello.

No nos queremos olvidar tampoco que tanto el interventor como la secretaria General OKUPAS cobran aparte unas generosísimas dietas por asistir a los Consejos de Administración de las Sociedades Municipales y Organismos Autónomos, pese al informe contrario del Tribunal de Cuentas. Para no extendernos más sólo vamos a pedir a los dieciséis diputados de la Asamblea en la oposición que, independientemente de quien sea la propuesta, es vital para el bolsillo de los ciudadanos y para los empleados públicos de la Ciudad que TODAS LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL reviertan al Pleno y que se obligue a un Gobierno en minoría a que se cubran de forma urgente las plazas de Secretario General e Interventor, y recuperar la senda de legalidad y transparencia exigible a todo buen Gobierno