La Organización Mundial de la Salud admite desconocer las causas que han provocado que España lidere la Unión Europea en incidencias de la covid-19. Nuestro país registra a fecha de hoy 790.000 contagios confirmados por PCR y más de 50.000 fallecidos según la Asociación Nacional de Servicios Funerarios. Si somos el país europeo con las medidas más restrictivas según la propia OMS, ¿cómo es posible que hayamos alcanzado cifras tan terribles? Y, por supuesto, ¿cómo puede el organismo dependiente de la ONU especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial en la salud desconocer las causas?
Quizá hayan sido los recortes en materia sanitaria ordenados desde el ministerio liderado por María Jesús Montero, la compra a destiempo de material sanitario defectuoso por valor de millones de euros, la imposición de la demagogia de género frente a la salud de todo un país, la indignidad de ejecutar medidas sectarias amparadas en las recomendaciones de un inexistente comité de expertos, el nombramiento de un filósofo como ministro de Sanidad, la declaración precipitada de la victoria sobre la covid-19 invitando a la ciudadanía a una engañosa nueva normalidad, la ocultación de los datos reales de la incidencia de la covid en España o, sencillamente, la búsqueda de un rédito electoral a costa de la mayor crisis socio sanitaria de nuestra historia más reciente. En cualquier caso, cada español tiene su propia causa.
Algunos y algunas se empeñan en hacernos olvidar lo que sucedió en nuestro país en los 98 días del estado de alarma, desde el 14 de marzo al 20 de junio de 2020. Hablamos de un periodo de tiempo excepcional durante el cual estuvo deshabilitado el Portal de la Transparencia, un instrumento básico en el control ciudadano de la gestión de la Administración. Y, por supuesto, cómo se confirió el mando directo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, más concretamente, de las policías judiciales, al ministro más sectario del desgobierno social comunista, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, el controvertido responsable político que ha depurado de manera flagrante a miembros relevantes tanto de la carrera judicial como de las policías judiciales.
No tengo duda alguna de la capacidad de la izquierda no solo para manipular la realidad, sino para convencer a la ciudadanía a través de su red clientelar de profesionales de la tergiversación reclutados en los principales medios de comunicación del país. Mientras tanto, en el Congreso, aprueban la creación de una comisión de investigación contra el antiguo PP, con la única intención de desviar la atención de lo que realmente preocupa y ocupa a los españoles, que es conocer las causas que nos han situado a la cabeza de Europa en incidencias de la covid-19. Hoy más que nunca resurge el viejo axioma socialista “cuando uno no tiene capacidad para enfrentar problemas reales, busca otro problema para distraer”.