Defendamos nuestro Estado de Derecho
En mi artículo de hoy compartiré algunas reflexiones sobre la deriva bolivariana del desgobierno social comunista de España, sí, de España. Aunque, en primer lugar, debería recordar como el exdictador venezolano, Hugo Chávez, con el asesoramiento de los fundadores de Podemos, fue capaz de hacerse con el control absoluto de la judicatura como primer paso en su estrategia para hacerse con el poder absoluto en una de las primeras democracias de Iberoamérica. Nadie en Venezuela pensaba que un golpista condenado podría alcanzar el gobierno, y mucho menos que sería capaz de transformar un régimen democrático en otro totalitario.
Al igual que Chávez hizo en Venezuela, el primer paso adoptado por Pedro Sánchez ha sido politizar el Poder Judicial para minimizar al máximo su independencia. Primero nombró Fiscal General del Estado a la exministra socialista de Justicia, Dolores Delgado, la ministra más sectaria, reprobada hasta en tres ocasiones por el Congreso de los Diputados. Y, en segundo lugar, ha promovido las medidas necesarias para conseguir el control absoluto del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de Gobierno del poder judicial, uno de los tres poderes del Estado en nuestro país junto al Legislativo y el Ejecutivo. Un Consejo que hasta ahora garantizaba la independencia de los actos de los jueces y magistrados.
Y lo pretenden ejecutar a través de una proposición de ley que cambiaría el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces instaurado por los padres de nuestra democracia con la intención de garantizar su independencia efectiva. La propuesta social comunista rebaja la mayoría necesaria de los 3/5 requeridos actualmente (210 diputados) a mayoría absoluta (176 diputados). Es decir, ya no sería necesario consensuar con la oposición los nombres de quienes compondrán el Consejo General del Poder Judicial, lo que conllevaría menor transparencia en el proceso, y menor independencia de los jueces al no ser designados por una amplia representación parlamentaria.
Si la proposición presentada consiguiera la aprobación de la Cámara tan solo sería necesario el acuerdo de quienes apoyaron a Pedro Sánchez para alcanzar el Gobierno de España: socialistas, populistas, independentistas secesionistas y amigos de terroristas. Y todo ello a pesar del rechazo casi unánime de la oposición política, de las asociaciones judiciales, de gran parte del actual órgano de gobierno de los jueces y magistrados, de la principal Asociación de Fiscales y de la propia Unión Europea, que considera que la reforma incide en la politización de la Justicia en vez de su independencia. Los españoles no podemos permanecer impasibles ante el mayor ataque perpetrado contra nuestro Estado de Derecho en democracia. No tropecemos en la misma piedra que nuestros hermanos venezolanos.