De la irresponsabilidad a la arbitrariedad
En Ceuta hemos tenido una semana movidita en esta crisis económico-sanitaria del covid-19 que las autoridades han resuelto como acostumbran a resolver muchos problemas, distribuyendo las culpas de unos pocos entre todos. Los hechos han sido muy concretos, entramos en Fase 2, todos nos relajamos, comenzando por la Administración que reduce sus controles y aumenta su permisividad ante situaciones que de hecho siguen siendo peligrosas o estando prohibidas.
Algunos ciudadanos bastante irresponsables organizan reuniones festivas en las que no se cumplen las medidas preventivas de distanciamiento social o protección impuestas en Fase 2, otros ciudadanos mucho más irresponsables se saltan las medidas de confinamientos a la que estaban sometidos por ser positivos o en estudio de serlo presuntamente y acuden a estas reuniones festivas. De la suma de estas irresponsabilidades y de la falta de control de las autoridades obtenemos un resultado por el que pagamos todos.
Desconozco las sanciones que les han impuesto, pero analizo la medida adoptada por el Gobierno de la Ciudad, el cierre arbitrario de las playas.
Las autoridades, empleando expresiones que he leído recientemente y que me parecen bastante acertadas, en un acto de sobreactuación de poder toman una decisión, para la que no sé si es competente, que insulta la inteligencia y que crean desigualdad: “El Gobierno clausura las playas”. Y como hago unas afirmaciones que no todo el mundo puede compartir, voy a tratar de argumentarlas entendiendo que debe de formar parte del debate público.
Primero no soy jurista y sin embargo me he atrevido a compartir la expresión “para la que no sé si es competente”, por ello voy a exponer la normativa en vigor. En primer lugar, la titularidad de las playas viene en nuestra Constitución, donde en su artículo 132.2 establece que es un “bien de dominio público estatal”, luego ya conocemos al titular del bien, el Estado. Aun así, las competencias sobre este dominio público estatal están definidas en la Ley de Costas; en su artículo 114 otorga a las comunidades autónomas las competencias que la ley le tenga atribuidas en virtud de sus respectivos estatutos. El Estatuto de Ceuta no nos otorga ninguna competencia en este asunto. Y en el artículo 115 se otorgan a los municipios entre otras “los de mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas”. Resumiendo, el Gobierno de la Ciudad solo tiene competencia para mantenerlas limpias y en condiciones de higiene y salubridad, otra cosa es que cumpla con esta obligación. Las instrucciones de su uso, en todo caso, las debe dictar la Administración del Estado o dicho de otro modo el Gobierno de la nación, el cual en la Orden SND/414/2020 de desescalada para la Fase 2, en su artículo 46 establece las condiciones para el uso de las playas que no están restringidas en esta fase. Por todo esto considero que el Gobierno de Ceuta es manifiestamente incompetente para dictar la clausura de las playas.
En segundo lugar, considero que esta medida crea desigualdad e insulta la inteligencia porque el Gobierno la justifica en que se trata de una medida de precaución y para evitar que se produzcan concentraciones de personas, lo que puede contribuir a la propagación del covid-19. Sin embargo, no interviene en ninguna de las otras posibles concentraciones que pueden ser más peligrosas y que también están autorizadas en la Fase 2. Las playas son un lugar abierto, menos dado a la propagación del covid-19 que los sitios cerrados, que con la vigilancia adecuada y un uso responsable es más fácil conseguir que exista el distanciamiento social que persigue la norma. Por lo que el cierre de las playas perjudica a los ciudadanos usuarios de este espacio público en relación de aquellos que, si pueden estar en terrazas, bares, restaurantes, parques, jardines, centros comerciales, etc. Siendo un insulto a la inteligencia pensar que estos lugares son menos dados a la propagación del virus que las playas.
Por último me parece una “sobreactuación de poder” porque en vez de utilizar todos los medios a su disposición para hacer cumplir las normas impuestas haciendo uso de las medidas sancionadoras que corresponden, poniendo a disposición de la justicia a las personas que presuntamente han cometido un delito contra la salud pública y si la situación es tan grave pedir responsablemente el regreso a una fase anterior, se ha preferido la acción teatral de castigar a todos los ciudadanos, pero solo un poquito, el poquito que no dañe mucho la economía que comienza a despertar y si además hace un favor a la Ciudad que no ha sido capaz aún de limpiar las playas y mantenerlas en condiciones de higiene y salubridad, ni de tener contratados los servicios de vigilancia y socorrismo, pues mejor.
Señores del Gobierno de Ceuta tomar medidas arbitrarias también es una irresponsabilidad.