El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, tal y como establece el art. 117. 3 de la Constitución Española. Es decir que los jueces no solo tienen la potestad de enjuiciar lo hechos que ante ellos se presenten y resolver en sentencia lo que corresponda, sino que también tienen la potestad de hacer ejecutar lo juzgado, es decir constreñir a las partes de un proceso para que cumplan lo que han resuelto en sus sentencias, porque si no pudieran hacer esto quedarían en papel mojado las sentencias y se vaciaría de contenido la función jurisdiccional. Para que una democracia funcione mínimamente todos los poderes del estado se deben entre si respeto, evidentemente, y deben cumplir las normas que rigen su normal funcionamiento. Bueno, pues esto que es fácil de comprender para cualquiera no lo es para algunos miembros del Poder Ejecutivo y el Legislativo en nuestro país. Y eso es lo que ha pasado en estos días entorno a la condena del diputado de podemos Sr. Rodríguez.

Desde hace tiempo la doctrina del Tribunal Constitucional y de la Junta Electoral Central tiene establecido que la condena a inelegibilidad es causa de incompatibilidad con el cargo y por tanto de cese en el mismo; y ello incluso aunque la pena privativa de libertad se suspenda o se sustituya. En el asunto del Sr. Rodríguez la pena de prisión fue sustituida por pena de multa, pero las penas accesorias seguían siendo las mismas. La presidenta del Congreso de los Diputados es doctora en Derecho, pero pidió al Tribunal Supremo que le explicara cómo debía ejecutarse la sentencia del Sr. Rodríguez y el Tribunal Supremo le contestó que la aclaración de sentencia ya la había pedido la representación procesal del Sr, Rodríguez y ya se había resuelto, y que no estaba entre sus funciones “asesorar a otros órganos constitucionales del estado acerca de los términos de ejecución de una sentencia ya firme”. Entiendo que lo siguiente que hubiera hecho el Tribunal Supremo hubiera sido abrir diligencias por un presunto delito de desobediencia nada menos que contra la tercera autoridad del estado, cual es la presidenta del Congreso de los Diputados. La Sra. Batet debió entenderlo así y cejó en su absurdo “pulso” al Tribunal Supremo…

Que la Sra. Belarra, ministra del Gobierno de España, dijera que lo que hacía el Tribunal Supremo era presionar a la Mesa del Congreso (cuando lo que hacía era ejecutar lo juzgado), y que lo que había hecho la Sra. Batet (cumplir con su obligación cual era acatar la sentencia) era ceder a presiones del Supremo; que dijera que todo ello era prevaricar, eso habría que explicarle a esta ministra puede ser constitutivo de un delito de calumnias a SS el juez Marchena y a la Sr. Batet. Que la Sra. Belarra siga siendo ministra del Gobierno de España después de tal vómito verbal es una muestra más de la podredumbre sobre la que está instalado el Gobierno de España con tal de seguir en el poder.

Querellare contra la presidenta del Congreso no era más que una bravuconada poco compatible con la dignidad de ministra, de diputado, y de cualquiera con un poco de luces.  El Sr. Rodríguez está en todo su derecho a recurrir su cese agotando todas las instancias, faltaría más. A lo que no hay derecho es a que Unidas Podemos haya montado el circo que ha montado arrastrando por el fango el poco prestigio que les queda a algunas instituciones del estado y que no pase absolutamente nada. La libertad de expresión de ninguna de las maneras abarca la imputación de delitos con publicidad, es decir calumniar.

Llevamos años de valleinclanesco surrealismo político y nada parece predecir que vaya a terminar, muy al contrario, parecemos inmersos en una espiral que no hace más que ahondar en ese surrealismo. Dice Fernando Sabater que “para poder pensar por ti mismo necesitas tener una serie de conocimientos sobre los que pensar. Pensar es como ordenar una habitación. Tu puedes ordenar una habitación de diversas formas, lo que no puedes es ordenar una habitación vacía”. En España parece que demasiada gente gobierna “con la habitación vacía”, y así nos va.