Sobre Ceuta y Schengen
Los terribles hechos acontecidos en Ceuta durante los pasados días 17 y 18 de mayo (en los que entraron de manera ilegal miles de marroquíes mayores y menores en una maniobra de amenaza de Marruecos sobre nuestra soberanía), ha traído, entre otras consecuencias, la apertura de un debate sobre la conveniencia, o no, de modificar el actual régimen de aplicación del Tratado de Schengen en nuestra Ciudad. La apertura de este debate (que ya consta, a instancias de Vox, en el documento aprobado sobre las famosas 140 medidas), fue auspiciado por los secretarios de Estado presentes en Ceuta al declarar que el “Gobierno estaba considerando esta posibilidad”, pero que, sin duda, estaba supeditada a un doble consenso: político y territorial (entre partidos y ciudades). Posteriormente, el presidente de la Ciudad, de manera formal en rueda de prensa, se ha posicionado a favor de esta medida, y han emprendido una “campaña de adhesiones” más fundamentada en las “emociones” que en los argumentos.
Caballas considera que el posicionamiento político de Ceuta sobre esta cuestión que, sin duda es trascendente, debe ser la conclusión de una reflexión serena (desvinculándola de los hechos de mayo) y rigurosa (analizando argumentos objetivos y no meras opiniones), y no al revés. La decisión debe ser el punto de llegada y no el de partida; entre otros motivos porque una decisión de esta naturaleza no puede adoptarse a modo de “bálsamo psicológico” para una población aún perpleja y sobrecogida, sino pensando en el futuro que queremos para Ceuta.
Por todo ello, y con ánimo de aportar otro punto de vista en este debate, Caballas quiere hacer público:
1º.- Vincular la “defensa de la españolidad de Ceuta” a la supresión de la excepcionalidad de Schengen es una absoluta falacia. La aplicación de unas u otras “medidas de control de fronteras” no cuestionan en ningún caso la soberanía del territorio, ya que, de hecho, de un modo u otro seguirá existiendo la frontera que es lo que delimita la soberanía sobre los territorios. Esta identificación es una trampa dialéctica para ganar adeptos “tocando la fibra sensible de los ceutíes”, ya que todos nos sentimos plena y profundamente comprometidos en la defensa de nuestra españolidad. Con o sin controles especiales, Ceuta es España.
2º.- Utilizar los términos “entrar” y “salir” también es fraudulento desde el punto de vista dialéctico. Ceuta ya forma parte del espacio Schengen (como lo demuestra el hecho de que un visado-Schengten permite a un extranjero visitar Ceuta), lo que puede suprimir, en su caso, son los “controles especiales” que se aplican a los residentes de las provincias vecinas (Tetuán y Nador) por razones humanitarias.
3º.- Un tercer argumento difundido de manera torticera es decir que esta medida “mejora el anclaje jurídico de Ceuta en la Unión Europea”. Es sencillamente falso. La medida que efectivamente cambiaría el anclaje jurídico sería la integración en la Unión Aduanera (de esta sí estamos efectivamente excluidos). No es preciso repetir que Ceuta forma parte del espacio Schengen.
4º.- Un cuarto argumento absolutamente falso que se está deslizando es la presentación de esta medida como una forma de “luchar contra la inmigración irregular” (para ganar adhesiones “aprovechando” el “miedo” que este fenómeno infunde en estos momentos a la mayoría de la población, aún aturdida). El tránsito de personas al amparo de la “excepcionalidad” actual es absolutamente legal. El control de las fronteras, que todos apoyamos sin reservas, no guarda ninguna relación con el “tipo de documentación” que se exija en la frontera a los visitantes.
5º.- La única finalidad de la supresión de los vigentes “controles especiales” es dificultar (de hecho, impedir) el acceso a nuestra Ciudad de los marroquíes de la provincia de Tetuán (en nuestro caso) que pretendan venir a Ceuta a comprar o trabajar. Esta medida coincide exactamente con la estrategia de Marruecos de “asfixiar” Ceuta, que tanto hemos denunciado, criticado y combatido. Ahora no sólo Marruecos pretende asfixiar Ceuta, sino que España también propone que nos “auto asfixiemos”. No tiene mucho sentido que, en contra de la opinión casi unánime de los ceutíes (hace apenas unos meses), hoy apoyemos el “cierre económico de la frontera”.
6º.- Impedir (de hecho) el paso a los residentes en la provincia de Tetuán, implica asumir un drástico recorte en la actividad económica de Ceuta (algunos cálculos sitúan está pérdida en torno a un 25%). Este hecho tiene consecuencias demoledoras para el tejido empresarial y para el empleo. No podemos olvidar que en Ceuta hay en la actualidad 14.000 parados y que la tasa de paro juvenil es la más alta de Europa. ¿Hay alguna alternativa seria para mitigar las consecuencias de este descalabro? No podemos condenar a miles de ceutíes al paro perpetuo. No todos los ceutíes pueden ser funcionarios.
7º.- Ceuta no se puede conformar con quedar en la UCI económica de por vida. Un modelo económico basado, exclusivamente, en los Presupuestos Generales del Estado para pagar el empleo público y las ayudas para miles de parados; es un modelo que no tiene futuro. Es probable que encaje en la “mentalidad funcionarial” de quienes trabajan en Ceuta, pero viven (psicológicamente) en la península; pero es profundamente insolidario e injusto con miles de ceutíes, en especial, lo más vulnerables, que también tienen derecho a un trabajo digno, tal y como dice la siempre ensalzada Constitución española.
8º.- Ceuta debe aspirar a ser un Ciudad abierta, moderna, dinámica y pujante, capaza de generar riqueza y empleo. Para ello es preciso activar y desarrollar un Plan de reactivación económica (o como se quiera denominar), una de cuyas piezas esenciales es fomentar y potenciar un tráfico fluido y seguro de personas y mercancías por la frontera; perfectamente compatible con aplicar una política fronteriza rigurosa y eficaz, que garantice nuestra integridad territorial y una convivencia pacífica. Lo ideal sería que, aprovechando la actual coyuntura, y como parte del desenlace final del conflicto, se establecieran las bases de este nuevo escenario transfronterizo en un Tratado de Buena Vecindad.