Ceuta y Melilla son una cuestión de Estado o un estorbo
Durante las últimas semanas el debate público local se ha visto sacudido por el anuncio y posterior desmentido del viaje oficial del rey de España a nuestra ciudad. Esta nueva y enésima ofensa a la dignidad de nuestro pueblo, ha suscitado múltiples reacciones de todo tipo en las que predomina una inexplicable ingenuidad.
La posición del Estado español respecto a Ceuta y Melilla, una vez reinstaurada la democracia, fue resumida de manera muy sencilla y brillante hace ya décadas: “Ceuta y Melilla son una cuestión de Estado”. Este eufemismo encierra un argumento que el paso del tiempo ha convertido en axioma. España y Marruecos son países que por razones históricas, geográficas, políticas y económicas (sobre todo) están condenadas a la cooperación mutua, cada vez más amplia, profunda y sólida. Como suelen repetir todos los gobiernos que en este tiempo ha sido, son “países hermanos”.
No es casual que todos los gobiernos, más allá de su configuración o sustrato ideológico, inicien sus relaciones internacionales visitando Marruecos. En este contexto, inamovible a corto plazo, Ceuta y Melilla se convierten en un estorbo (en algunos casos se les llama “china en el zapato”, en otros se nos considera “apéndices” y en los más soeces, “almorranas”). El “pacto no escrito” entre los dos países se basa en mantener el “status quo”, en espera de que el tiempo vaya modificando las coordenadas hasta encontrar una “solución” que sin ser traumática satisfaga intereses, de momento, incompatibles. Y así vivimos. Sabiendo perfectamente que estamos “vendidos” aunque el precio y la fecha sean (aún) indeterminados. La única condición es que, mientras tanto, nadie “mueva pieza”, es la prueba fehaciente de la “buena voluntad de las partes”. Pero a estas alturas de nuestra vida ya es de general conocimiento de toda la ciudadanía. Ceuta (y Melilla) son los únicos territorios españoles que no son comunidad autónoma (a pesar de la Transitoria Quinta y de los 28 acuerdos plenarios solicitándolo); Ceuta (y Melilla) son los únicos territorios españoles que no tienen aguas jurisdiccionales; los únicos que no están amparados por el paraguas defensivo de la OTAN. ¿Por qué ni siquiera nos atrevemos a solicitar el ingreso de Ceuta en la Unión Aduanera? Podríamos seguir. Marruecos se conforma, de momento, con que Ceuta sea un lugar “extravagante”.
Ya en un futuro presionarán para “acabar con los anacronismos que empañan las excelentes relaciones entre hermanos”. Los hechos que prueban este pacto son innumerables. La relación sería interminable. Marruecos actúa, siempre, como si Ceuta no existiera, y España acepta esta afrenta sin mover un músculo. Así se comportan todos los gobiernos. Baste recordar que el “jaleado” Aznar, autoerigido en adalid de la españolidad de Ceuta, no fue capaz de visitar Ceuta como presidente del Gobierno (utilizando el pobre truco de presentarse en un polideportivo en su condición de “candidato”, no de presidente. Un bochorno).
En este dramático contexto hay que entender el episodio de la programada (o no) anunciada (o no) visita real a Ceuta. La crisis sanitaria provocada por el covid-19 nos ha introducido de lleno en el terreno de la excepcionalidad. En este sentido, parece normal que el Gobierno o la Casa Real (o ambos de común acuerdo) hayan decidido cohesionar más al país y reforzar la imagen de la monarquía (en la UCI en estos momentos) visitando “toda” España. Cuatro letras, sólo cuatro letras, de un efecto demoledor. Quien haya cometido el error de no acordarse de Ceuta (y Melilla) como suele ser habitual, ha puesto al Gobierno entre la espada y la pared. Reconocer públicamente que Ceuta y Melilla no se incluyen en el “toda España” es la constatación de una claudicación que no se pueden permitir. Incluirlas es un precio que no pueden pagar (máxime estando las cosas como están con Marruecos).
Los partidos de la derecha aprovecharan este nuevo desaire para imputar la responsabilidad al Gobierno “socialcomunista” que impide al valeroso rey cumplir sus deseos. De este modo, intentan escorar al electorado y, además, les permite eludir sus propias responsabilidades en una política que ellos mismos han aplicado durante sus quince años de Gobierno. Es una forma, burda, de seguir “escurriendo el bulto”.
Es cierto que el estado de ánimo de la ciudadanía no parece el más propicio para impulsar una movilización popular denunciando la ofensa y exigiendo nuestros derechos como españoles; pero lo que también parece evidente es que un asunto de esta trascendencia no puede pasar inadvertido para una institución que tiene como la primera de sus obligaciones defender los intereses de Ceuta. Es por ello que, en la próxima sesión ordinaria del Pleno de la Asamblea, propondremos exigir al Gobierno de la nación, que Ceuta sea incluida en la ronda de visitas que el rey Felipe VI tiene previsto llevar a cabo por todas las comunidades autónomas para agradecer el comportamiento observado durante la crisis sanitaria provocada por e covid-19.