El Ministerio de Política Territorial y Función Pública hace balance, con datos actualizados a principios de mayo, antes de que en las próximas semanas se inicie la "desescalada" en la Administración General del Estado, de acuerdo con el Plan de Transición hacia la nueva normalidad, aprobado por el Gobierno y atendiendo siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Para preparar y afrontar la nueva normalidad, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, suscribió el 4 de mayo, un acuerdo con los representantes de los sindicatos CSIF, UGT, CCOO y CIG, integrados en la Mesa General de Negociación en la AGE. Las medidas acordadas se recogen en la resolución del secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de ese mismo día, de aplicación en todos los ministerios y organismos públicos, siendo los objetivos prioritarios: protección de la salud de todos los empleados y empleadas públicos, priorizar el trabajo no presencial, atención al público preferentemente telemática y flexibilización horaria.

En la actualidad, trabajan de forma presencial en la AGE durante el estado de alarma el personal de los servicios esenciales, el resto lo hace a través de fórmulas de trabajo no presencial, que incluye teletrabajo, trabajo remoto, teléfono, etc.

Por otro lado, la actividad en la Administración General del Estado ha continuado prácticamente a un ritmo normal, como demuestran las cifras de reuniones celebradas. Desde el 10 de marzo se han desarrollado un total de 63.207 reuniones, todas ellas de forma telemática. Asimismo, los cursos celebrados por medios electrónicos son más del doble que los aplazados: 3.107 cursos telemáticos realizados frente a 1.545 aplazados.

782 empleadas y empleados públicos voluntarios en tareas sociales

Un total de 782 empleadas y empleados públicos están colaborando de forma voluntaria en áreas de carácter sanitario, sociosanitario y de protección de colectivos vulnerables, acogiéndose a la disposición 18ª del Real Decreto-ley 11/2020, sobre medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. El personal que presta esta colaboración, como consecuencia de la situación provocada por el COVID-19, sigue percibiendo sus retribuciones íntegras en el organismo de origen, sin ver modificada su situación administrativa o contrato de trabajo mientras dure la declaración del estado de alarma.

Los ministerios que superan los 100 voluntarios en estas labores sociales autorizadas son: Ciencia e Innovación, 166; Cultura y Deporte, 131; y Hacienda, 130.