El Gobierno aprueba reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley para la reducción de la jornada laboral , fijando en 37,5 horas semanales el máximo en cómputo anual. Se trata de la primera rebaja desde 1983 y ha sido pactada con los sindicatos CCOO y UGT en el marco del Diálogo Social.

Registro de jornada obligatoria

Para garantizar el cumplimiento de la norma, el registro de jornada deberá ser digital, accesible y confiable . Se requerirá que:

• Se cumplimente de forma personal y directa , sin interferencias de la empresa.

• Permita identificar inequívocamente a la persona trabajadora y cualquier modificación.

• Está disponible en formato tratable y compatible con los sistemas de inspección.

• Sea accesible de forma inmediata para la Inspección de Trabajo y los representantes de los trabajadores.

• Se conserva durante cuatro años , estando a disposición de los trabajadores y la administración.

Las empresas estarán obligadas a garantizar su correcta implementación, evitando manipulaciones o registros erróneos.

Derecho a la desconexión digital

El texto refuerza el derecho irrenunciable a la desconexión digital, impidiendo que los trabajadores sean contactados fuera del horario pactado. No atender llamadas o correos fuera de la jornada no podrá conllevar represalias.

Además, se limitan el uso de herramientas de videovigilancia y geolocalización para evitar invasiones en la intimidad del trabajador.

Sanciones y adaptación de convenios

El incumplimiento de la normativa supondrá una infracción por cada trabajador afectado , con multas de:

• 1.000 a 2.000 euros en grado mínimo.

• 2.001 a 5.000 euros en grado medio.

• 5.001 a 10.000 euros en grado máximo.

Los convenios colectivos deberán adaptarse antes del 31 de diciembre de 2025 , garantizando el cumplimiento de la nueva jornada máxima.

Impacto y seguimiento

El Gobierno ha anunciado la creación de una Mesa de Diálogo Social para evaluar el impacto de la reducción y estudiar nuevas medidas relacionadas con la jornada laboral.

La norma busca mejorar la conciliación, el derecho al descanso y la calidad de vida de los trabajadores, especialmente en sectores sin regulación clara como la hostelería, el comercio o la agricultura.