Concurso unitario en la AGE para auxiliares y administrativos

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos CSIF, CCOO y UGT que permitirá la puesta en marcha y la convocatoria de un concurso unitario para personal funcionario de carrera de los subgrupos C1 y C2 con puestos adscritos a la Administración General del Estado (AGE), en aplicación de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y en virtud de lo previsto en el Real Decreto 364/1995, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

Este acuerdo representa un paso más en la ejecución de los compromisos asumidos con la firma del I Acuerdo de movilidad del personal funcionario al servicio de la Administración General del Estado, aprobado mediante Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública.

Antigüedad, conciliación y experiencia puntuarán en el concurso de movilidad

El concurso unitario incluirá tanto plazas con una ocupación provisional de larga duración como vacantes identificadas como puestos de trabajo de necesaria provisión. Los méritos que, preferentemente y con una mayor puntuación se van a tener en cuenta para la adjudicación de los puestos de trabajo que se convoquen son la antigüedad, la conciliación de vida personal, familiar y laboral y los conocimientos y experiencia en puestos similares a los solicitados.

Las restricciones a la movilidad para el personal que presta tareas en prestaciones en Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y en FOGASA se reducen de 6 a 3 años.

Con el acuerdo alcanzado, la Administración General del Estado recupera un instrumento fundamental en la planificación y racionalización de la movilidad del personal funcionario de carrera, el concurso unitario, que impulsará la mejora de las garantías de movilidad y el ejercicio de derechos por parte de las funcionarias y funcionarios y avanzará en una mejor distribución de efectivos en los centros de trabajo.