El CSD propone que la Ciudad cree una bolsa de viviendas sociales en régimen de alquiler
La Ciudad tendría que ofrecer a los arrendadores un incentivo en el IBI con una reducción del 50% y en el caso de venta bonificarles el 50% en la plusvalía.
Contigo aclara que, en nuestra ciudad, muchas familias han perdido sus viviendas, o bien por ejecuciones hipotecarias o bien por no haber podido hacer frente a alquileres elevados; de ahí la necesidad de vivienda que muchas familias tienen encontrándose en riesgo de exclusión social.
José Carbonell, responsable de Extensión explica que la propuesta consiste en crear una bolsa de viviendas sociales, implicándose los propietarios con ofertas de sus viviendas desocupadas que, garantizaría la Ciudad, tendiendo prevista una serie de ayudas encaminadas a la formalización del contrato de arrendamiento. Ayudas para la contratación de una póliza multirriesgo hogar para desperfectos. Esas ayudas oscilarían entre los 150 a 200 euros.
Esta formación propone que, la propia Ciudad subvencione la fianza hasta un 75% al inquilino, siendo la mediadora en el mercado del alquiler privado entre el arrendatario y arrendador, los cuales regularan sus contratos.
Los requisitos para poder optar a estas ayudas, sería mayores de edad por contrato de arrendamiento de 12 meses, con un precio máximo de alquiler de 220 euros mensuales. Las condiciones de habitabilidad tienen que ser optimas, y el arrendatario carecer o no poder acceder a un de alojamiento propio, con unos ingresos mínimos de 450 euros para familias de un solo miembro, cantidad que se incrementaría en función del núcleo familiar hasta un tope de 1.000 euros.
Carbonell, cree que esta propuesta permitirá poner en el mercado el alquiler de casas desocupadas con un precio asequible, regulando así el mercado y los precios desmesurados de Ceuta, con el fin de dar opciones a muchas familias que atraviesan una mala etapa. Aparte de ofrecer una razón atractiva a los propietarios de las viviendas,
Por otro lado, la Ciudad tendría que ofrecerles un incentivo en el IBI con una reducción del 50% y en el caso de venta bonificarles el 50% en la plusvalía, acción que redundaría tanto en el propietario como en el inquilino.