Como ya la FeSP-UGT adelantó, - el pasado 18 de mayo- sobre la sentencia de los asesores, en el que decían que los servicios jurídicos estaban elaborando una denuncia por el incumplimiento reiterado del Ejecutivo Local de las sentencias judiciales y que finalmente fueron calificadas por el propio Tribunal Supremo de fraude de ley, dichos Servicios Jurídicos han terminado de elaborar dicha denuncia.

La citada denuncia –según el sindicato- ha sido presentada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4, dada la imposibilidad de acudir a cualquier otro medio, debido a que, “la contumacia del presidente Vivas en intentar eludir el cumplimiento de las variadas sentencias en su contra por el desmesurado nombramiento de cargos”, y añade que, “como bien ha quedado demostrado en los Tribunales no se ajustan a derecho”.

Para la Federación de empleados de servicios públicos de UGT, la “pirueta” de cambiar las denominaciones de todos estos puestos de confianza, dicen desde este sindicato que  es, “para prolongar en el tiempo el incumplimiento de sentencias firmes, habiendo llegado al culmen de hacer esta misma operación con una Sentencia del Supremo en Casación, e incluso lo sucedido la semana pasada en la que con una Sentencia en contra del Contencioso nº 1, sobre el exceso de asesores se atreven a multiplicarlos por dos, por mucho que pretendan dividir la jornada y en una situación crítica de la economía local, nos ratifican en la idea de que el desapego a la Ley de este Ejecutivo es patente”.

Por todo ello hemos UGT, ha puesto todos estos hechos en conocimiento de la jurisdicción competente para que actúe en consecuencia y se le impida al Gobierno Vivas, “seguir dilapidando recursos públicos a pesar de tener sentencias en contra”, recriminan.

La FeSP-UGT, esperan de todo esto que la justicia intervenga en beneficio del bolsillo de los ciudadanos y se acabe de una vez por todas con estas “tretas”, que son, “para eludir la acción de la justicia ya que entendemos que pueden ser constitutivos de prevaricación, malversación de caudales públicos y estafa procesal”.