Aunque la obligatoriedad de la realización de pruebas diagnósticas para romper la cadena de contagios y garantizar una desescalada con seguridad, CSFIF la considera insuficiente, ya que debe realizarse a todos los empleados públicos que se reincorporasen a su actividad laboral, priorizando dichas pruebas a los que se incorporen tras una incapacidad temporal por contagio, hayan tenido sintomatología reciente y quienes hayan estado en contacto estrecho con personas afectadas por esta enfermedad, además de los grupos pertenecientes a los colectivos definidos como grupos vulnerables.

En el Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos laborales frente a la exposición al Coronavirus, se ha realizado la adecuación del procedimiento a la nueva estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia, si bien como novedad amplía el grupo de personas vulnerables incluyendo la insuficiencia renal crónica y obesidad mórbida (IMC>40).

 Para el sindicato de funcionarios, las empresas y administraciones, a través de los servicios de prevención (SPRL), están llamados a cooperar con las autoridades sanitarias en la detección precoz de todos los casos compatibles con Covid-19 y sus contactos, para controlar la transmisión. Tendrán que realizar la evaluación de riesgo de exposición al virus y realizar las pruebas PCR o cualquier otra técnica de diagnóstico a las personas trabajadoras que sean caso sospechoso o presenten un cuadro clínico sospechoso de infección.

Desde La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), llevan exigiendo que se realicen dichas pruebas desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el Covid-19 pandemia, por lo que dicha medida, si bien es un avance, para CSIF llega tarde, tras más de dos meses de pandemia y reitera, que debe ampliarse la realización de las pruebas de diagnóstico para acabar con la cadena de contagios.