La sentencia del TS sobre hipotecas provoca alarma social y exige una regulación garantista

Tras dos días de deliberación el Tribunal Supremo ha dado marcha atrás para, ignorado su último fallo, recuperar la doctrina anterior a la sentencia del 18 de octubre. El Alto Tribunal ha fallado finalmente que serán los clientes quienes tengan que asumir el coste del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. El cambio de criterio y la forma en la que se ha producido (con una revocación en pleno de la Sentencia que había adoptado la sala especializada del Tribunal Supremo), provocan una innegable alarma social e instalan una duda sobre la independencia judicial, que un estado de derecho no se puede permitir.

No es la primera vez que los tribunales son los que acaban de definir los criterios sobre el negocio financiero particularmente en lo referido a la concesión de hipotecas (cláusulas suelo sin ir más lejos) u otros productos financieros (preferentes). Para CCOO, los sucesivos cambios de criterio que se han producido en apenas 25 días respecto a los AJD son un despropósito que provoca alarma social y una comprensible reacción ciudadana.

Para CCOO, y sin prejuicio del papel que el Poder Judicial debe tener como garante de la legalidad vigente, lo que es prioritario es actualizar las normas que protejan los derechos de los consumidores y usuarios, y den seguridad jurídica a la actividad financiera. No es de recibo que la Ley Hipotecaria lleve dos años "dormida" en sede parlamentaria, cuando es la norma destinada a dotar de seguridad jurídica en el sector y a garantizar la protección de los derechos de los clientes, en una actividad con una evidente asimetría en la información.

La igualdad ante la Ley es un principio irrenunciable en un Estado de Derecho, y la debilidad en la regulación legal deja indefensa a la ciudadanía ante la capacidad de acción de los ‘lobbys’ empresariales. Por otro lado la falta de seguridad jurídica condiciona decisiones económicas no solo en el mercado hipotecario. Recordemos que esta sentencia puede tener un recorrido judicial hasta instancias europeas, por lo que aún no es un tema resuelto en firme.

Por último, CCOO recuerda que estas polémicas producto de la deficiencia en la regulación a veces, de malas prácticas financieras en otras, o de actuaciones de la justicia como la que ahora nos ocupa, acaban teniendo consecuencias sobre las y los trabajadores del sector. Son ellas y ellos quienes finalmente trabajan con los consumidores, clientes y usuarios, y sufren las consecuencias de decisiones ajenas, que provocan indignación social.