CSIF propone reforzar en 3 años las administraciones con 106.000 empleos nuevos
El sindicato propone un acuerdo salarial a varios años para recuperar el poder adquisitivo: cada empleado público ha perdido entre 24.611 y 53.362 euros en su nómina desde 2010, el equivalente a trabajar más de un año gratis.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha realizado un Plan Estratégico de Recursos Humanos en las administraciones públicas, que contempla un refuerzo de más de 106.000 efectivos para los próximos tres años.
Además, la Sanidad requiere un plan adicional, con 289.235 plazas nuevas entre 2021 y 2031.
CSIF considera que este refuerzo –destinado para las plantillas de la Sanidad, Educación, Justicia, Administración General del Estado— debe estar contemplado en el Plan de Recuperación del Gobierno.
Los efectos de la pandemia han puesto en evidencia las necesidades estructurales de nuestras administraciones públicas, que se han visto tensionadas y al borde del colapso en ámbitos como los centros sanitarios, educativos, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social o la Administración de Justicia, por el incremento en el volumen de expedientes.
El informe de CSIF hace un diagnóstico partiendo de la base de que en los últimos 10 años se han destruido 100.916 puestos de trabajo. Asimismo, repasan indicadores como el incremento de la población mayor de 65 años.
Estas son las necesidades:
- Administración General del Estado: 43.700 plazas.
- Educación: 43.393 plazas
- Justicia: 19.299 plazas
Sanidad. Este último sector requiere de un plan estratégico a 10 años para situarnos en la media europea y recuperar los niveles de calidad que hoy se encuentran deteriorados. Las diferencias con la UE arrojan un déficit de 289.235 profesionales.
CSIF coincide con el Gobierno en la necesidad de diseñar un plan de reconstrucción social y económico, porque se han debilitado los servicios públicos que definen nuestro Estado del Bienestar.
CSIF considera que las administraciones públicas deben ser uno de los pilares de la reconstrucción del país, también mediante la creación de empleo de calidad y el fortalecimiento de los servicios que recibe la ciudadanía.
Mientras tenemos estas necesidades estructurales en nuestra sanidad, escuelas, SEPE, Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias o en los juzgados, hemos comprobado que la Administración General del Estado destina en asesores 55.805.512,86 euros al año. Con una inversión similar, nuestros hospitales y centros de salud podrían tener 1850 médicos más o 2.056 enfermeras; nuestras escuelas 2.056 maestros más; y servicios como el SEPE, la TGSS, nuestras cárceles o nuestros Juzgados podrían tener 2.940 funcionarios más.
A estas cifras habría que añadir el gasto en asesores en el resto de administraciones, como las diputaciones, comunidades autónomas o ayuntamientos.
PROPUESTA SALARIAL
Por otra parte, CSIF ha presentado un estudio económico sobre la pérdida retributiva de los empleados públicos en el periodo 2010-2020. El estudio analiza la pérdida producida en los diferentes conceptos de las nóminas (sueldo base, complemento de destino, complemento, específico, trienios, etc) de los principales grupos de las administraciones públicas (A1, A2 y C1), con una antigüedad media de 15 años.
El estudio concluye que a lo largo de este período los A1 (cuerpos técnicos del Estado, médicos, jueces, ...) han perdido de media 53.362 euros; los A2 (enfermeras, gestores, maestros...) 40.478,87 euros y los C1 (policía local, administrativos del SEPE, Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias) 24.611,22 euros.
Estas cantidades equivalen a trabajar 13, 15 o 18 meses gratis, en función de los grupos profesionales C1, A2 y A1, respectivamente.
En definitiva, los empleados públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento desde 2010. Por ello, reivindican un acuerdo a varios años que contemple una recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010, que equipare las retribuciones entre administraciones y un Plan de recursos humanos para reforzar las plantillas donde sea necesario.
Los empleados públicos, las personas que han garantizado la apertura de las escuelas, que nos atienden en los centros de salud y hospitales, los que atienden prestaciones como los ERTE o el IMV, no merecen una medida unilateral de este tipo. Exigimos la apertura de la negociación de inmediato.
CSIF recuerda que el colectivo de empleados públicos han estado en primera línea, sigue siendo un pilar fundamental para que la ciudadanía reciba servicios.