Chandiramani eleva al Pleno bonificaciones fiscales en vivienda, deporte, sostenibilidad y justicia social
La consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, elevará al Pleno de la Asamblea de abril cuatro propuestas para modificar distintas ordenanzas fiscales, tras superar el trámite de alegaciones, con el objetivo de fomentar el desarrollo económico, deportivo, medioambiental y social de Ceuta.
Todas las nuevas bonificaciones entrarán en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Impulso a la construcción y la vivienda
La primera propuesta plantea reducir el tipo impositivo del ICIO al 1% y establecer un nuevo tipo del 0,5% en el IPSI para bienes utilizados en la construcción de viviendas nuevas. También se aplicará este 0,5% a actividades de construcción, primera transmisión de inmuebles destinados a vivienda y obras públicas vinculadas. Además, la tasa por servicios urbanísticos tendrá una bonificación del 90% para nuevas construcciones de vivienda.
Facilidades para el acceso al deporte
La segunda propuesta modifica la Ordenanza Fiscal del Instituto Ceutí de Deportes (ICD) para ampliar las bonificaciones: 90% para usuarios del Carnet Joven, 50% para familias numerosas, mayores de 60 años, desempleados y clubes deportivos, y 75% para personas con discapacidad igual o superior al 33%. Las bonificaciones no serán acumulables.
Apoyo a la reducción de residuos
La tercera iniciativa introduce bonificaciones en la Tasa de Residuos Sólidos Urbanos: 50% para actividades de distribución alimentaria y restauración que colaboren con entidades sociales y reduzcan residuos de forma demostrable, y 60% si entregan todos sus residuos a gestores autorizados. Además, se establecen descuentos del 50%, 75% y 95% según la categoría fiscal de la calle.
Criterios de equidad para bonificaciones sociales
Finalmente, se actualizará el artículo 75.1 de la Ordenanza Fiscal General, sustituyendo el límite de 9.000 euros anuales por la referencia al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para determinar el acceso a bonificaciones del 90% en tasas como residuos, agua o cementerio, adaptándolo así a las condiciones económicas actuales.