Caballas preguntará al Ejecutivo, si va asumir en el ‘nuevo contrato’ las pérdidas que tuviese la empresa de autobuses
Usuarios y trabajadores son víctimas de un “tira y afloja”, porque “la empresa quiere dinero, y el Gobierno no se lo quiere dar”.
Caballas dice que, como el resto de la ciudadanía, está asistiendo atónito al “bochornoso espectáculo” que está ofreciendo el Gobierno de la Ciudad, con motivo del contencioso –“si se puede llamar así”- que mantiene con la empresa adjudicataria del servicio de autobuses.
Para Mohamed Ali, portavoz del Grupo, la incalificable irresponsabilidad de un Gobierno “desquiciado y a la deriva, incapaz de gestionar con un mínimo rigor los contratos públicos”, ha dejado a este servicio en un limbo de inseguridad jurídica en el que, “nadie sabe muy bien, a ciencia cierta, cuales son los derechos y obligaciones de cada una de las partes en conflicto”, afirma Ali.
Desde hace cuatro meses, -dice Ali- usuarios y trabajadores del servicio son víctimas de un “tira y afloja” que, “mantiene a todas las partes implicadas en vilo, la empresa quiere dinero, y el Gobierno no se lo quiere dar”.
En Caballas desconocen los detalles de esas largas “negociaciones” o acuerdos que terminan siempre -según Ali- como el “rosario de la Aurora y lo que es peor e inadmisible, con diversas líneas suspendidas por decisión (ilegal) de la empresa. La contratación de un “servicio alternativo” es también para nota.
Camino del escándalo
Al parecer, el último motivo de enfrentamiento nos lo explica Mohamed Ali claramente como letrado y es que, “la empresa pretende que en ese contrato que se le ha ofrecido por dos años y adjudicación directa (al amparo de una legislación que no es de aplicación según los servicios jurídicos de la Ciudad) se incluya la posibilidad (ilegal) de que la Ciudad ‘asuma las pérdidas’ en que puedan incurrir la explotación del servicio. En caso de ser así, y aceptarlo el Gobierno, estaríamos ante un nuevo escándalo”.
Por eso, Caballas interpelará al gobierno en el siguiente sentido:
¿Es cierto que el Gobierno ha aceptado incluir en el contrato de adjudicación directa del servicio de autobuses durante dos años una disposición por las que asumirá las pérdidas en las que pudiera incurrir la empresa por la explotación de este servicio? ¿Dispone de informes jurídicos solventes que avalan tal decisión?
¿Tiene previsto el Gobierno de la Ciudad, en su condición de titular del servicio de autobuses, sancionar a la empresa adjudicataria por haber suspendido el funcionamiento de diversas líneas sin la autorización preceptiva?