C’s quiere que la contratación de familiares en la dirección de las entidades subvencionadas se hagan publicas
C’s Ceuta trata de introducir algún criterio, en este caso, el principio de transparencia que se persigue en todo lo relacionado con el dinero público.
Las subvenciones que concede el Gobierno del Partido Popular suponen más del 95 % del total que concede la Ciudad. Se establece como ordinario tanto en la Ley como en el Plan, de subvenciones del propio Gobierno de la Ciudad.
Estas subvenciones que se adjudican de forma directa, para C’s Ceuta, supone el reparto “a voluntad” de este Gobierno de alrededor de 16 millones de euros. Sin criterios objetivos para hacerlo y, sin convocatoria de por medio, no generan derechos a las entidades subvencionadas.
Estas subvenciones dependen de que el Gobierno, sus organismos autónomos y las empresas municipales decidan seguir concediéndolas y quieran mantener las cantidades que suponen. “Un sistema al que se niegan a renunciar y al que son renuentes a poner límites o condiciones”, indica la formación.
Se cifra alrededor de 600 los empleos que genera el dinero público transferido en forma de subvenciones: el doble de la plantilla de personal laboral que tiene el propio Ayuntamiento.
Estas contrataciones, una vez que figuran en los convenios, la hacen las entidades subvencionadas sin mayor control. Ciudadanos dice que “no hay criterios, ni procedimientos establecidos para realizarlas, ni garantías de que se sigan los criterios constitucionales de acceso al empleo público”, por ello la formación naranja trata de introducir algún criterio, en este caso, el principio de transparencia que se persigue en todo lo relacionado con el dinero público.
Además entienden que no es posible condicionar las contrataciones las cuales presentan gran diversidad en su estructura, funcionamiento y finalidades.
Por ello propondrán en el Pleno resolutivo del día 21 de diciembre, la adopción para el siguiente acuerdo:
- Instar al Gobierno de la Ciudad a incorporar, donde considere más apropiado, la obligación de que todas las entidades beneficiadas con subvenciones nominativas directas hagan públicas la contratación de familiares de algún miembro de sus órganos de dirección.