31-octubre-2018.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo que explotaba sexualmente a jóvenes transexuales en un piso de Murcia. Las víctimas, de orígenes humildes, eran trasladadas a España mediante engaños para, una vez en España, ser obligadas a prostituirse. El Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia dispuso el arresto de 13 personas así como el registro simultáneo en tres inmuebles de la capital murciana. Las detenciones se han practicado en Murcia (9), Sabadell (1), Gandía (1), Denia (1) y Torremolinos (1).

La investigación dio comienzo a raíz de la denuncia presentada en dependencias de la Policía Nacional en Murcia por una de las víctimas, quien manifestó haber accedido a territorio español de manera irregular con la mediación de otro ciudadano brasileño. Este compatriota le costeó el traslado desde Brasil a España, contrayendo así el denunciante una elevada deuda económica con él. El joven se vio obligado a prostituirse para saldar lo adeudado, recibiendo amenazas e incluso agresiones físicas por parte de su compatriota para lograr tal fin.

Inicio y judicialización de la investigación

Las primeras indagaciones permitieron a los investigadores confirmar los hechos denunciados. Así se procedió a la judicialización de la investigación, en el mes de febrero de este año bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número ocho de Murcia.

Tras numerosas pesquisas los investigadores de la Policía Nacional pudieron determinar la existencia de una organización dedicada a la explotación sexual de personas y otros delitos conexos. Dicho grupo criminal estaba liderado por una persona de nacionalidad brasileña, quien desde España, y ayudado por unos colaboradores, captaba en Brasil a jóvenes en una precaria situación económica. Posteriormente se desplazaban a España bajo engaños para terminar ejerciendo la prostitución en un piso perteneciente al principal investigado, situado en el centro de la capital de Murcia.

Amenazas, agresiones físicas, coacciones y tráfico de estupefacientes

Asimismo las víctimas eran obligadas a consumir y vender sustancias estupefacientes. En ocasiones eran encerrados en las habitaciones impidiéndoles salir a la calle y eran sometidos a continuas amenazas graves e incluso a agresiones físicas. Todo el dinero procedente de las prácticas ilícitas era después entregado al responsable de la organización.

La investigación a su vez permitió determinar que existía una interconexión con los dueños de otros prostíbulos de la misma ciudad y regiones cercanas, con los que intercambiaban víctimas para su explotación sexual aprovechándose de su situación de irregularidad administrativa en España.

Las pesquisas policiales llevaron también a identificar al proveedor de cocaína de los prostíbulos implicados. Este traficante, junto con colaboradores, llevaba directamente a estos establecimientos la sustancia estupefaciente utilizando diferentes vehículos en sus desplazamientos para tratar de evitar la acción policial. Además se encontraba huido de la justicia con varias órdenes de busca y captura pendientes por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Tres registros domiciliarios simultáneos e incautación de efectos de santería y magia negra

Como culminación de esta investigación, el titular del Juzgado de Instrucción número ocho de Murcia dispuso la entrada y registro simultáneo en tres inmuebles de la capital. Los agentes se incautaron de documentación que confirmaba el paso de las víctimas por esos pisos y de cuatro vehículos, dos de ellos de alta gama. Además se intervinieron efectos relacionados con la santería y la magia negra, creencias muy arraigadas entre las víctimas brasileñas y con las que se las habría podido coaccionar.

Cuatro detenidos han ingresado en prisión

Durante los registros y en días posteriores se efectuaron las detenciones de los principales investigados, un total de 13 personas, con edades comprendidas entre los 19 y los 60 años de edad y nacionalidad colombiana, brasileña, peruana, española y rumana. La gran movilidad geográfica de los investigados provocó desplazamientos de los agentes de la Policía Nacional a otras ciudades españolas: Sabadell, Gandía, Denia y Torremolinos al objeto de practicar los arrestos.

La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión de cuatro detenidos mientras que los nueve restantes han quedado en libertad con cargos.